LPI: reforma integral obligada

El Consejo Económico y Social (CES) reclama al gobierno una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual y una regulación del funcionamiento de las entidades de gestión de derechos de autor. El CES se une así a la Comisión Nacional de Competencia (CNC), a las Asociaciones de Internautas y a las organizaciones de fabricación de productos electrónicos.

El Consejo Económico y Social (CES) se une a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) solicitando una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual tras el estudio de la normativa del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible enviada por el Gobierno para su consulta. «Se debería producir una reforma integral del marco regulatorio de la protección de la propiedad intelectual», así como de la «normativa de aplicación que regula el funcionamiento de las entidades y sociedades de gestión de derechos de autor», estima el Consejo, uniéndose a otros estamentos públicos y privados que van en la misma línea.

En concreto la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) que ha pedido una revisión total del canon digital y “más transparencia de las sociedades de gestión a la hora de fijar los distintos tipos de canon y gravámenes”. Además piden que se “tenga en cuenta a los ciudadanos, buscando otra solución que no pase por la obligación de algún tipo de pago por parte de los ciudadanos, y más si esos cánones están suponiendo que esas entidades que se denominaban sin ánimo de lucro no lo sean tanto”.

En cuanto a la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) consideran que la protección de la propiedad intelectual en Internet pasa por proteger electrónicamente los contenidos digitales y por desarrollar nuevas fórmulas de explotación de los mismos, pero no por establecer cánones, proponiendo que se a la justicia la que condene a quien explote contenidos ajenos.

La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) también ha defendido el protagonismo de la Justicia a la hora de actuar contra la piratería y ha pedido que se rebaje el importe del canon digital porque resta competitividad.

En la misma línea la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha sostenido que es necesaria una reforma urgente de la Ley que termine con los poderes “absolutamente excesivos” de las entidades de gestión de derechos de autor. Desde AERC han solicitado que se modifique el “estatus monopolístico” de esas entidades, así como la manera en la que administran sus repertorio.

Estas opiniones se han emitido en la Subcomisión que estudia la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual vigente que deberá elaborar un documento de conclusiones que aprobará la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para su posterior elevación al Gobierno, aunque el dictamen no es preceptivo.