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eAdministración y software libre

Según se cita en el recién entrado en vigor Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad hay constancia de que la e-Administración está obligada a utilizar estándares abiertos para la comunicación con los ciudadanos mediante papeleo virtual, además de para comunicaciones internas. Se trata del Artículo 11 en el que expresan la necesidad de un formato abierto y gratuito.

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Según se cita en el recién entrado en vigor Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad hay constancia de que la e-Administración está obligada a utilizar estándares abiertos para la comunicación con los ciudadanos mediante papeleo virtual, además de para comunicaciones internas. Se trata del Artículo 11 en el que expresan la necesidad de un formato abierto y gratuito.

 

Tal y como recoge el artículo 11 del Real Decreto que fue publicado en el BOE (PDF) el pasado día 29 de enero y que ha entrado en vigor hoy, las administraciones deben utilizar estándares abiertos gracias a una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización. Debe ser abierta y pública, de uso gratuito y no estar sujeta al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

 

 

Las primeras consecuencias de dicho nuevo Real Decreto es que los formatos .doc -Word de Microsoft Office-, .xls -Excel de Microsoft Office- o bien .ppt -presentaciones Microsoft PowerPoint- no serán recomendables para la Administración. Entre otros formatos, no se podrá utilizar .mp3 para audio ni tampoco utilizar Skype, protocolo cerrado de transmisión de datos, ni utilizar archivos Photoshop, .psd.

 

La diputada del PSOE Lourdes Muñoz ha comentado que  «los estándares abiertos son más económicos y no obligan al ciudadano a usar una marca determinada«. El reglamente sólo muestra una excepción al uso de software abierto y es que en caso de que no haya alternativa abierta y sea de uso común entre los ciudadanos se podrá utilizar software privativo / propietario. Aunque: «en el caso de que no lo haya, la Administración pública se obliga a promover su desarrollo«.

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