La directiva de contratación pública europea obliga a que los procedimientos sean electrónicos

El pasado miércoles, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó las directivas europeas que formarán la base para la legislación de Contratación Pública en sus estados miembros. Estás nuevas directivas afectan al 19% del PIB anual de la UE, es decir, unos 25.000  millones de euros, e impactan fuertemente en las formas de relación que han tenido hasta ahora los ciudadanos y las empresas con las Administraciones Públicas.

Así, la nueva directiva busca, al menos en teoría, la colaboración público-privada. Además, para facilitarles a las pymes el acceso, se ha simplificado el proceso de licitación y se permiten también la presentación de ofertas a asociaciones temporales de empresas.

Cabe destacar, que las directivas europeas de contratación pública imponen la obligatoriedad de ejecutar los procedimientos, desde su inicio hasta su finalización, de forma electrónica. De esta forma, no solo se conseguirá una mayor reducción de costes, sino también, gracias a transparencia de estos sistemas, un mayor control frente a la corrupción aportando transparencia.

Otra ventaja de la contratación electrónica es que facilita el acceso de cualquier empresa a la presentación de un concurso o licitación, independientemente de su tamaño y ubicación geográfica, dentro del ámbito de la Comunidad Europea.

Después de una fase de transición, todas las administraciones europeas deben de contratar de la misma manera; lo que significa, de hecho, la eliminación de fronteras para las empresas que se quieran presentar a proyectos en cualquiera de los países de la Comunidad Europea.

La implantación de la Contratación Pública Electrónica se hará en el plazo máximo de 30 meses, desde la entrada en vigor de la legislación de cada uno de los países miembros.