Jacob Alexander, el CEO prófugo, vuelve a casa 10 años después

Todos (o muchos, al menos) recordamos el loco periodo de finales de los 90 y principios de la década pasada. Tiempos en los que cualquier empresa relacionada con Internet podía salir a bolsa y, automáticamente, ver cómo sus títulos empezaban a crecer como la espuma. Tiempos de adquisiciones multimillonarias y de jóvenes emprendedores convertidos en multimillonarios de la noche a la mañana. Tiempos de muchos excesos que, en parte, acabaron con el primer Dotcom Crash, y que por otra llevaron a investigaciones, juicios y sentencias condenatorias a muchos directivos por una plétora de delitos financieros.

Un caso bastante sonado fue el de Comverse Technology, una tecnológica con sede en Nueva York y dedicada a los sistemas de correo de voz. Como prácticamente cualquier empresa IT cotizada en ese periodo, sus acciones subieron como la espuma. Sin embargo, esos beneficios no fueron suficientes para Jacob Alexander (conocido como Kobi), CEO de la compañía y que, de acuerdo con el consejo de administración de la misma, así como de su director financiero, cometieron fraude. Varios de los implicados se declararon culpables y cumplieron sentencia, pero Kobi viajó de Estados Unidos a Israel, y de ahí a Namibia, donde ha residido los últimos diez años, intentando eludir las acciones de la justicia norteamericana, y aprovechando que el país africano no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos.

Sin embargo, tal y como informa hoy The Wall Street Journal, Alexander vuelve a Estados Unidos, después de que su abogado haya llegado a un acuerdo con la administración de justicia con respecto a los cargos a los que tendrá que enfrentarse, así como la fianza que deberá depositar (25 millones de dólares) para poder permanecer en libertad una vez que llegue al país. En la acusación inicial, se presentaban múltiples cargos, pero con el acuerdo alcanzado, tan solo tendrá que enfrentarse al principal de los mismos, y por el que ya cumplieron condena sus compañeros: falsificar la fecha de sus opciones sobre acciones de la empresa.

El timo de la estampita

Esta técnica, que se popularizó mucho durante la burbuja tecnológica, consistía en «trampear» los derechos de los ejecutivos sobre los derechos de compras de acciones que obtenían como complemento a sus sueldos, a modo de bonificación. La treta consistía en poner fechas anteriores al boom, para así tener la posibilidad de adquirir los títulos a un valor muy inferior al de su precio en ese momento.

Pongamos un ejemplo: las acciones de la empresa X valían, el 1 de enero de 1995, 10 dólares, mientras que su valor dos años después, el 1 de enero de 1997, y gracias a la burbuja, se habían revalorizado hasta los 100 dólares. En ese momento, la junta directiva aprueba conceder stock-options (que no son más que la posibilidad de comprar acciones de la empresa a un valor determinado) a sus miembros y a los directivos de la empresa. Lo interesante es que, cuando quieran hacer efectivas esas opciones (es decir, comprar las acciones que les corresponden), lo harán siempre al precio que tenían en el momento en el que obtuvieron las opciones, por lo que si fueron concedidas el 1 de enero de 1997, podrán comprar cada título a 100 dólares, independientemente del valor que tengan en ese momento (que puede ser mayor o menor).

Ahora bien, si al tiempo que la junta aprueba las opciones sobre acciones para sus empleados (el 1 de enero del 97), falsea la documentación para que estas parezcan concedidas dos años antes, los ejecutivos podrán, en ese mismo momento, comprar las acciones por el valor que tenían dos años antes, es decir, por una décima parte de su valor en el momento de la compra. Esta técnica fraudulenta, se empleó particularmente entre 1996 y 2002, y se consideró uno de los principales sistemas empleados por las empresas para retribuir a sus CEOs por encima de lo aprobado en las juntas de accionistas y otros órganos de gobierno de las grandes empresas.

Con su retorno a Estados Unidos, Jacob Alexander tendrá que enfrentarse a cargos por haberse enriquecido de manera ilegal empleando esta técnica. La sentencia máxima a la que se podría enfrentar es de 25 años en prisión. Sin embargo, su abogado considera que, basándose en los precedentes, la pena será muchísimo menor. En concreto, según datos facilitados por el letrado, los ejecutivos que decidieron reconocerse culpables (como es el caso de Alexander, aunque de manera tardía) con el fin de reducir la sentencia, dan una media de dos meses y medio en prisión, y la sentencia condenatoria más larga fue la de un directivo que pasó 15 meses recluido.