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Críticas y apoyos a la decisión de la UE de multar a Apple

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tarjeta roja

Agosto no termina bien para Apple. Es más, probablemente se convierta en el mes más funesto de su historia en lo que se refiere a sus operaciones en Europa. Y es que, tal y como informa hoy The Wall Street Journal, la Comisión Europea ha decidido obligar a la multinacional a devolver 13.000 millones de euros a las arcas públicas irlandesas por, según su dictamen, haberse beneficiado de manera ilícita de un régimen fiscal favorable. Según el órgano de competencia de la Comisión, Irlanda ha favorecido durante años a los de Cupertino, permitiendo así que redujeran su factura fiscal, en lo que el alto órgano europeo considera ayudas de estado ilegales. Así, obliga a la multinacional a realizar el pago retroactivo de los impuestos “perdonados” por las autoridades irlandesas.

En palabras de Margrethe Vestager, comisaria de la competencia de la Comisión Europea, “Han reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas”. La sanción pretende ser ejemplarizante, pues se trata de la mayor impuesta hasta el momento en el espacio común europeo, y roza el peor de los escenarios planteados por las consultoras que se habían pronunciado al respecto con diversas hipótesis. Los títulos de la tecnológica han respondido a la baja en los mercados, anotándose caídas de alrededor del 2%, a la espera de la apertura de Wall Street.

Tanto Apple como las autoridades irlandesas han informado de su decisión de recurrir, por lo que el asunto pasa ahora a la vía judicial. Por su parte, en un primer comunicado oficial la tecnológica ha afirmado que, de tener que hacer frente al pago de la sanción, esto tendrá efectos en la presencia de la empresa en toda Europa, en algo que se puede entender como una amenaza velada. Por su parte, el ejecutivo irlandés también se ha expresado en profundo desacuerdo con la decisión del órgano de competencia de la Comisión. En palabras del Ministro de Finanzas, Michael Noonan, “La decisión no nos deja otra opción que recurrir para defender la integridad de nuestro sistema fiscal”.

Irlanda y su ventajoso régimen fiscal

La base del problema viene dada porque, según Bruselas, durante años Apple ha declarado la práctica totalidad de los beneficios obtenidos en la Unión Europea en Irlanda, aprovechando el ventajoso régimen fiscal ofrecido por las autoridades locales a la multinacional. Esto, sin duda, va en contra de los intereses del resto de estados en los que opera la compañía, y que ven como el uso de determinados sistemas de ingeniería fiscal hace que la empresa no llegue a declarar gran parte de sus operaciones, con el consecuente pago de impuestos. Estas técnicas son perseguidas desde hace ya tiempo por la Comisión Europea, que ya ha tomado medidas similares contra otras empresas como Starbucks, BASF y Fiat-Chrysler, que se han visto obligadas a abonar lo que habían dejado de pagar con efectos retroactivos.

Esta investigación, con la sanción pendiente desde hace unas semanas, ha servido para enrarecer todavía más las relaciones entre Bruselas y Washington, ya un tanto frías por el parón, posiblemente definitivo (el ejecutivo francés acaba de pedir que así sea) de las negociaciones del polémito TTIP. El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades europeas de extralimitarse y de pretender enmendar los sistemas fiscales de los estados miembros de la unión. Bruselas, por su parte, responde que las leyes han de ser iguales para todos, sin importar su tamaño, actividades y origen, descartando así las acusaciones norteamericanas de persecución a las empresas estadounidenses.

Por su parte, Tim Cook ha publicado una declaración oficial (que puedes leer aquí) en la que, tras echar la vista atrás y recordar la llegada de Apple a Europa, operación para la que eligió Cork, Irlanda, considera que la decisión de la Comisión Europea es arbitraria. Afirma que la empresa lleva tiempo trabajando con las autoridades locales y ajustándose siempre a la legalidad vigente en cada estado, y considera que la aplicación con efectos retroactivos pone seriamente en entredicho la seguridad jurídica que ofrece Europa para las empresas que desarrollan sus actividades en el espacio común. Y es que, según sus palabras, cualquier empresa multinacional que tenga sede en Irlanda, ahora se expone a ser castigada por no haber cumplido unas normas que, hasta ahora, no existían.

 

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