La «Gran Cibermuralla» china entrará en vigor en junio de 2017

Ante las crecientes amenazas que pueblan la red, y en medio de un creciente proteccionismo con sus empresas, China decidió hace unos meses tomar medidas y desarrollar una nueva ley de ciberseguridad, que finalmente ha sido aprobada y entrará en vigor, según Reuters, a partir de junio de 2017, entre las suspicacias de terceros países y empresas extranjeras. La ley, que supuestamente se ha puesto en marcha para contrarrestar amenazas como el terrorismo y el hacking, ha sido recibida con preocupación por empresas y gobiernos extranjeros, así como por numerosos grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos.

Los críticos con esta ley, que en China defienden como necesaria, alegan que su texto refleja la intención del gobierno de apartar a las empresas de tecnología extranjeras de varios sectores que los mandatarios chinos definen como «críticos». Además, incluye unos requisitos polémicos para las revisiones de seguridad y convierte en obligatorio el almacenamiento de datos en servidores ubicados en China.

Defensores de los derechos civiles afirman que esta ley reforzará todavía más las restricciones que se aplican en China a Internet, donde ya se utiliza uno de los sistemas de censura online más sofisticados del mundo, y que en otros países recibe el nombre coloquial de Gran Cibermuralla. A pesar de esto, las autoridades apuestan por Internet como uno de los puntales del desarrollo de China. Según Yang Heqing, oficial de la Comisión Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, «China es una potencia de Internet, y dado que es uno de los países que se enfrenta a mayores riesgos de seguridad en la red, necesita con urgencia perfeccionar y definir los sistemas legales de seguridad«.

Aún así, las voces en contra de esta ley no cesan de escucharse. El pasado mes de agosto, más de 40 grupos empresariales hicieron un llamamiento al Primer Ministro, Li Keqiang, para que su gobierno modificase los puntos más polémicos de la ley. Y los funcionarios chinos han tenido que asegurar que no interferirá con los intereses de las empresas extranjeras.

Las disposiciones más polémicas de la ley

Aún así, las dudas no se han disipado. Durante la redacción final de la ley, llevada a cabo por el parlamento chino, se han mantenido sus disposiciones más polémicas. Entre ellas, la obligatoriedad de mantener «operadores de infraestructura de información crítica» para almacenar la información personal y los datos importantes de empresas en China, así como de proporcionar «servicio técnico» que no ha sido especificado a agencias gubernamentales, además de la aprobación de inspecciones de seguridad nacional. La adopción de esta ley se ha decidido en medio de la puesta en marcha de varias medidas severas impulsadas por el presidente, Xi Jinping, para, según varias voces, controlar aún más la sociedad civil y acabar con la disidencia. Entre ellas, hay medidas destinadas a los medios y a los defensores de los derechos civiles.

Esto ha hecho sonar las alarmas en numerosas empresas, que temen que tendrán que ceder su propiedad intelectual, o implementar «puertas traseras» de acceso a sus productos para poder acceder al mercado chino. Así, James Zimmerman, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, ha calificado a estas cláusulas de «confusas, ambiguas y sujetas a una interpretación muy amplia por parte de las autoridades reguladoras«.

La organización Human Rights Watch, encargada entre otras cosas de la vigilancia de los derechos humanos en el mundo, ha afirmado que varios puntos de la ley, como el dedicado a la criminalización del uso de la red para dañar la unidad nacional, restringirán todavía más la libertad online. Así, la directora de Human Rights Watch en China, Sophie Richardson, ha declarado que «a pesar de la preocupación internacional de empresas y defensores de los derechos humanos, que se viene escuchando desde hace más de un año, las autoridades chinas han seguido avanzando con firmeza en su papel restrictivo, sin hacer cambios significativos«.

Pero las autoridades chinas, como hemos visto, no ven ningún problema ni obstáculo en su ley. Zhao Zeliang, director de la Administración para el Ciberespacio del Gabinete de Coordinación de Ciberseguridad, afirma que todos los artículos de la ley cumplen con las leyes de comercio internacional, y que no cerraría la puerta a las empresas extranjeras: «creen que expresiones como control seguro e independiente, o seguro y fiable, son señales de proteccionismo comercial. Creen que son sinónimos. Es algo parecido a un malentendido o a un prejuicio«.

Muchos de los puntos de la ley ya se han aplicado en la práctica, pero su codificación formal coincide con la adopción por parte de China de otras regulaciones en materia de seguridad nacional y grupos sociales civiles extranjeros. Ya el año pasado, las autoridades adoptaron una ley de seguridad nacional pensada para que todos los sistemas de la información y las infraestructuras de red claves fuesen seguros y pudiesen controlarse por parte de terceros.

Con la aprobación de esta ley, el gobierno chino pone de manifiesto que Internet tiene en muchos aspectos de la seguridad nacional. Así lo afirma Rogier Creemers, un investigador de la ley y el gobierno de China en la universidad holandesa de Leiden, que sostiene que para el gobierno de dicho país, Internet «es un espacio nacional, un área par la acción militar, para llevar a cabo acciones económicas de relevancia, para el espionaje y para llevar a cabo actividades criminales«.