Paises Bajos prohibe a Kyndryl comprar Solvinity por seguridad

El Gobierno de Países Bajos ha bloqueado la compra del provedor de servicios cloud Solvinity, por el que Kyndryl iba a pagar 100 millones de euros, por seguridad nacional e interés público, después de revisar el informe de la agencia que estaba estudiando la operación, y que se encarga habitualmente de valorar las inversiones extranjeras en el país.

¿Cuál es el motivo para ello? Según Reuters, que Solvinity es la compañía encargada de la herramienta oficial de identificación ciudadana neerlandesa, DigiD, y las autoridades no quieren correr riesgos de ningún tipo con los datos de sus ciudadanos, puesto que este sistema se emplea para el acceso a datos sensibles sobre salud, pensiones o impuestos. Distintos activistas y críticos habían señalado de que la operación podría exponer a la empresa a presiones por parte de las autoridades de EEUU, relacionadas en concreto con exigencias legales o de inteligencia.

La decisión se ha producido, además, en el marco de una tendencia generalizada en Europa, no solo en Países Bajos, hacia una mayor soberanía digital, traducida sobre todo en rebajar los acuerdos con empresas ajenas a la UE para mantener el control nacional y/o europeo sobre infraestructuras cloud y de datos, así como de tecnología digital, consideradas críticas. En muchos casos, no solo de estas, ya que cada vez más empresas de la región están más inclinadas a suscribir acuerdos, o utilizar, servicios y equipamiento ubicado en un país de la Unión Europea.

A pesar de este avance en la preocupación por el control de sistemas críticos en la UE, es la primera vez que la Oficina de Control de Inversiones de Países Bajos, la entidad que ha bloqueado la operación, prohibe una compra de una empresa estadounidense desde que se creó, en el año 2020.

Según ha manifestado la Viceministra de Asuntos Económicos de Países Bajos, Willemijn Aerdts, en una comunicación al Parlamento en la que anunciaba la decisión «los Países Bajos conceden gran importancia a la presencia de empresas tecnológicas extranjeras, incluidas explícitamente las estadounidenses, y a su contribución a la economía neerlandesa y a la infraestructura digital».

Además, el país aplica un marco independiente de valoración de inversiones, según su Ley de Control Indeseable en las Telecomunicaciones, que tiene como fin proteger el interés público y se aplica por igual a todos los inversores, independientemente de su país de origen.

Según un portavoz de la ministra, el Gobierno no va a hacer comentarios adicionales a la comunicación, en la que Aerdts asegura que está dispuesta a informar a los legisladores de manera confidencial, dado que que las revisiones y decisiones de la Oficina de Control de Inversiones, al igual que sucede con las del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, son confidenciales.

Como era de esperar, los directivos de Kyndryl no están conformes con el bloqueo de la operación, y la compañía ha declarado que se siente extremadamente decepcionada con la decisión, además de señalar que «la politización de este proceso ha eclipsado los claros e importantes beneficios que esta operación habría aportado a los clientes de Solvinity y a los ciudadanos neerlandeses». 

En cuanto a Solvinity, sus responsables han manifestado que siguen manteniendo conversaciones con las autoridades en relación con sus preocupaciones sobre seguridad nacional, soberanía digital y la protección de las infraestructuras críticas de Países Bajos.