Trump quiere a la IA bajo control

El 23 de enero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para «eliminar barreras al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial». La medida derogaba políticas de la administración Biden y defendía una regulación de «mínima carga» para acelerar el desarrollo de la IA en Estados Unidos. Diecisiete meses después, sin embargo, el mismo gobierno está interviniendo en el despliegue de los modelos más avanzados con un argumento muy distinto: la seguridad nacional.

The Information, en una información recogida también por Axios y TechCrunch, ha publicado que la administración Trump ha pedido a OpenAI que no libere GPT-5.6 de forma general en su lanzamiento. Según esas informaciones, el modelo se distribuiría inicialmente en una previsualización limitada para un grupo reducido de socios y clientes empresariales, con acceso aprobado caso por caso durante esa fase inicial. Formalmente, este movimiento no equivale a una prohibición general ni a un régimen de licencias para modelos de IA. Pero sí marca un cambio importante en la relación entre Washington y las compañías que desarrollan modelos frontera: el acceso a los sistemas más avanzados empieza a gestionarse con una lógica más cercana a la de un activo estratégico que a la de un producto comercial convencional.

La decisión se suma a las tomadas anteriormente con Antrhopic que ya hemos cubierto en MuyComputerPRO: primero con el lanzamiento de Claude Fable 5 y después con la orden que le obligó a suspender Fable 5 y Mythos 5 para todos sus clientes, incapaz de aplicar con la rapidez exigida un bloqueo selectivo por nacionalidad. Según Semafor, la administración pidió a Anthropic que restringiera el acceso a Mythos y Fable a ciudadanos estadounidenses, una exigencia que llevó a la compañía a revocar temporalmente el acceso a los modelos. Decrypt también ha señalado que David Sacks, asesor de la Casa Blanca en materia de IA y cripto, defendió la medida como respuesta a una vulnerabilidad identificada por un socio de confianza del gobierno. Anthropic acató la orden, pero cuestionó que el problema justificara una restricción tan amplia.

Un cambio de tono con presiones detrás

El cambio de tono también se refleja en la orden ejecutiva que Trump firmó el 2 de junio de 2026, Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security. El texto no establece una autorización obligatoria previa para lanzar modelos, y la propia Casa Blanca lo presenta como un marco voluntario de colaboración con los desarrolladores de IA. Pero sí crea canales para que el gobierno tenga acceso temprano y seguro a determinados modelos frontera, además de impulsar benchmarks clasificados para evaluar capacidades avanzadas, especialmente en ciberseguridad.

Ese matiz es importante. No estamos ante una regulación clásica que obligue a todas las empresas a someter sus modelos a una aprobación formal antes de lanzarlos. Lo que sí empieza a dibujarse es una zona gris en la que la colaboración voluntaria, la presión política y las preocupaciones de seguridad nacional pueden acabar produciendo efectos muy similares a una revisión previa de facto. A esa tensión se suma otro elemento muy delicado: según TechCrunch, la administración ha explorado la posibilidad de tomar una participación estatal accionarial en OpenAI. No hay un acuerdo cerrado, pero la combinación de acceso anticipado, supervisión de lanzamientos y posibles intereses financieros públicos añade una capa de complejidad a un debate que ya no es solo técnico.

Regulación sin reglas suficientemente claras

El fondo del debate es regulatorio. Las normas de control de exportaciones estadounidenses están diseñadas para clasificar bienes, software y tecnología mediante categorías técnicas concretas, no para gestionar de forma sencilla modelos de IA de uso general accesibles a través de la nube. Aplicarlas a modelos frontera sin una definición pública clara de cuándo una IA constituye tecnología sensible abre un terreno difícil de gestionar para las empresas y fácil de reinterpretar para cualquier administración futura.

La pregunta de fondo no es si el gobierno de Estados Unidos tiene motivos para preocuparse por capacidades como la búsqueda automática de vulnerabilidades, el posible uso ofensivo en ciberseguridad o el acceso de actores extranjeros a modelos de última generación. Los tiene. La cuestión es si esas intervenciones se aplican con criterios técnicos transparentes, de forma equitativa entre proveedores y con previsibilidad suficiente para que la industria pueda planificar.

Por ahora, esa respuesta no es evidente. Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo eliminar obstáculos regulatorios a la IA. Diecisiete meses después, su administración ha pasado de hablar de desregulación a intervenir, aunque sea mediante marcos voluntarios o presiones informales, en quién puede probar los modelos más avanzados antes de que lleguen al mercado. Lo importante es que esto genera incertidumbres en las empresas  fuera de los EEUU que quieran adoptar proveedores cuyos gobiernos pueden intervenir y decidir quién puede usar un determinado modelo y quién no.