Según la Encuesta Global de Software 2018 de la BSA (The Software Alliance), el software ilegal en España alcanza todavía el 42% del total instalado en el país. No obstante, este porcentaje ha bajado dos puntos con respecto al año pasado y se sitúa de nuevo en mínimos históricos. A pesar de todo, el software ilegal le cuesta en España 717 millones de euros al sector.

Esta encuesta, de la que se ha hecho eco Europa Press, apunta a que este no es un problema exclusivamente de eEspaña. La mayor preocupación relacionada con el malware que puede acceder al equipo por el uso de programas sin licencia es el robo de datos, tanto de los personales como de los corporativos.

En la actualidad, se calcula que el 37% de los programas instalados en todo el mundo no tiene licencia. Como consecuencia, el sector del software a nivel mundial deja de ganar 39.000 millones de euros. De ellos, 8.000 corresponden al sector en la Unión Europea.

Según los expertos del sector, el origen de esta bajada hay que buscarlo en la sensibilización de los problemas relacionados con la ciberseguridad. También en la aplicación de las Leyes de Propiedad Intelectual, así como en la cooperación entre industria y la Administración con la iniciativa “Software legal, valor seguro”. Y a las acciones legales emprendidas por la BSA.

Al hilo de los resultados obtenidos, el Portavoz del comité en España de la BSA, Andrés Pi, apunta a que todavía hay margen de mejora. Según Pi, en la organización están satisfechos, pero sabes que hay camino por recorrer.

Por otro lado, Pi subraya que el nivel de software ilegal en España debería acercarse a los niveles del resto de la UE “que según la última encuesta están en el 28%“. Mientras, el software legal es cada vez más costoso por lo que se invierte en luchar contra el malware. A pesar de todo, el uso de programas legales, según la encuesta, además de proteger a los usuarios, puede llegar a aumentar hasta un 11% el beneficio de las empresas.

El pasado viernes 22 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la publicación de un nuevo Acuerdo Marco para el suministro de impresoras, equipos multifunción y escáneres a entidades públicas estatales y organismos oficiales. Entre ellos, según el texto del acuerdo, a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, a las Entidades gestoras y a los Servicios comunes de la Seguridad social. También a las diversas entidades públicas estatales, autonómicas y locales que se quieran adherir específicamente a él.

Este Acuerdo Marco, que forma parte de las renovaciones de acuerdos marco TIC que ha de acometer el Ministerio de Hacienda, tiene un valor máximo estimado de 96,88 millones de euros, y sustituye al anterior, que llevaba en vigor desde el año 2013 y que ha estado prorrogado de manera extraordinaria hasta que se ha aprobado este nuevo, que tendrá una duración de dos años. Transcurrido este periodo, el acuerdo podrá prorrogarse como máximo por otros dos años más como máximo, y supone un ahorro de 13 millones de euros.

El nuevo acuerdo está estructurado en 28 lotes, a diferencia del anterior. En él se va a utilizar el modelo de segunda licitación. Gracias a esto, el acuerdo permitirá una mayor flexibilidad. También una mayor concurrencia. Por otra parte, este sistema también facilita que cada contratación pueda cotizar al mejor precio posible. De cara a los equipos que se van a sustituir y suministrar a las entidades, se distinguen tres categorías, una por cada tipo de equipo: impresoras, equipos multifunción y escáneres.

Las empresas que quieran concurrir a este acuerdo deberán cumplir determinados criterios, que la Administración valorará para decidir si las nombra adjudicatarias del acuerdo. En esta ocasión, se han introducido varias novedades en cuando al establecimiento de criterios con el fin de adecuar el acuerdo marco a la Ley 9/2017 de Contratos del sector público. Concretamente, se utilizarán criterios muy diversos, que se podrán valorar aplicando fórmulas automáticas. Entre ellos, varios relacionados con el medio ambiente y con temas de carácter social.

Según declaraciones de un funcionario del Gobierno de Estados Unidos al Wall Street Journal, de las que se ha hecho eco Reuters, el Departamento del tesoro de Estados Unidos está elaborando un borrador de restricciones que bloquearía a las empresas cuyas acciones son, al menos en un 25%, propiedad de empresas o ciudadanos chinos, la posibilidad de comprar empresas de Estados Unidos con “tecnología industrial significativa”. Además, no se harán distinciones entre empresas chinas privadas o públicas.

Al parecer, estas y otras restricciones se van a anunciar el próximo viernes, y el porcentaje de propiedad china de las acciones que podría bloquear a las empresas la compra de tecnológicas de Estados Unidos puede variar antes de su anuncio. En cualquier caso, estas restricciones afectarán únicamente a los acuerdos nuevos. El Gobierno no intentará interferir en los que ya estén en marcha. Pero sin duda, tendrán una incidencia que previsiblemente será importante, en diversos sectores de la economía china.

Entre ellos, a varios que China intenta desarrollar como parte de su plan industrial Made in China 2025, que busca mejorar la capacidad de la industria del país en tecnologías de la información y en los sectores aeroespacial, o farmacéutico, así como en ingeniería, vehículos energéticamente avanzados o robótica.

Además de estas trabas, los planes de la Administración Trump pasarían también por la puesta en marcha de controles de exportación “mejorados”. Se trata de una propuesta del Departamento de comercio de Estados Unidos y del Consejo de seguridad nacional. Con dichos controles, la administración quiere evitar que tecnologías consideradas clave se envíen a China.

Según el funcionario que ha hecho estas declaraciones, para desarrollar estas restricciones el Tesoro se basará en la Ley Internacional de Poderes Económicos de 1997 (IEEPA), que da al presidente amplios poderes para restringir activos con base a la preocupación sobre la seguridad nacional. La IEEPA ya se utilizó anteriormente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para cortar la financiación de las redes terroristas.

Este paso marca un aumento de la tensión en el conflicto comercial que el Presidente Donald Trump mantiene con China, que amenaza con agitar también los mercados financieros y con frenar el crecimiento mundial. Se une a la imposición de aranceles a productos chinos de 34.000 millones que se espera que entren en vigor el próximo 6 de julio, y se toman debido a las quejas de Estados Unidos de que China se está apropiando de manera indebida de tecnología estadounidense a través de empresas conjuntas y de otras políticas.