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Nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ¿aún no la conoces?

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“Parece que hay vida más allá de la GDPR, me comentaba el otro día un compañero. Desde luego, hasta que llegue el “esperado” 25 de mayo van a surgir en el panorama económico español una serie de reglamentos que, como mínimo, impactarán de igual forma en las empresas públicas y privadas y sobre los que apenas se ha hablado.

Uno de ellos será la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo y que afectará a las licitaciones de las empresas (las tecnológicas, entre ellas) con la administración española. En otras palabras, cambian las reglas del juego para optar a concursos públicos de compra.

Para enterarnos de los detalles de la nueva ley, asistimos a un evento organizado por AdjudicacionesTIC y Foro CPP, que contó con la participación de representantes de la industria privada y pública. La mayor parte de la jornada se centró en los retos que se iban a plantear, a partir de ahora, la adquisición de tecnologías, las ventajas de los nuevos modelos flexibles de compra y los requisitos legales en cuanto a la adjudicación de contratos para la licitación de estos modelos en el ámbito público.

En el evento participaron representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública: Pablo Arellano, director general de Racionalización y Centralización de la Contratación, y Carmen Gandarillas, subdirectora general de Contratación Centralizada de Tecnología. A quienes acompañaron Lucía Escapa, del departamento de Innovación Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, y Rafael Padilla, subdirector de explotación de la AEAT.

Por la parte privada, participaron Rafael Andreo, director de grandes cuentas AAPP de Alcatel-Lucent Enterprise; María Eugenia Salmerón, directora general de contratación del Estado de HPE y Carlos Fontán, director general de contratación del Estado de HP.

Aunque la nueva LCSP es muy extensa e introduce cambios sustanciales, los más novedosos e importantes fueron explicados por Pablo Arellano, quien recordó que, con ella, se elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa para elegir la que mejor relación calidad-precio ofrezca. Esto planteará un reto para licitadores (empresas privadas que presenten su oferta) y administración (licitador) que tendrán que gestionar los contratos de forma distinta, para lo que se introduce un nuevo concepto en las compras de la Administración: la compra flexible, de que hablaremos más adelante.

Un aspecto vital que, si bien no está relacionado directamente con la LCSP, sí se alinea con la nueva estrategia de digitalización de la administración es la licitación electrónica. El directivo recordó la importancia de que las empresas se pusieran al día con su manejo (obligatorio desde 2016), cuyo principal objetivo es el de dotar de más legalidad, eficiencia y transparencia a a tramitación de los expedientes de contratación.

Este aspecto no es sino el comiendo de la gran transformación que está viviendo la administración y el enorme esfuerzo que se está realizando, tanto por parte de funcionarios como de empresas privadas, para adaptarse a ello. “Antes, lo que más nos determinaba en el proceso de licitación era la norma, pero ahora lo primero que te determina es la plataforma”, indicó Arellano, para añadir: “Ahora tenemos la tormenta perfecta: usar la plataforma y aplicar la nueva ley”.

Aspectos relevantes de la nueva ley

En primer lugar, la LCSP resalta la importancia de los criterios sociales y medioambientales (artículo 3.1) que serán incorporados de forma transversal a todos los proyectos (no solamente TIC) y que determinarán la relación calidad-precio que mencionábamos antes, así como la eficiencia de los mismos. Estos criterios incluyen:

  • El presupuesto de licitación (artículo 100) que se adecuará a los precios de mercado y en el que se desglosarán los costes directos e indirectos. En el caso de que el coste de salarios forme parte del precio, el presupuesto se desglosará por género y categoría profesional.
  • Prescripciones técnicas: el acceso a los proyectos tendrá que ser en condiciones de igualdad, sin obstáculos injustificados a la competencia, además, se tendrá muy en cuenta cómo de sostenible y respetuoso son con el medio ambiente. La formulación del proyecto ha de ser en términos de rendimiento o exigencias funcionales, con referencia a normas técnicas pero sin mencionar una fabricación o procedencia concreta, marca, patente o tipo.

En segundo lugar, habrá que prestar atención a los criterios de selección de contratistas (artículo 145) cuyo fin será buscar la relación óptima entre estas variables: calidad-precio y coste-eficacia.

Este punto se antoja un poco espinoso para la Administración, sobre a la hora de interpretar algo tan subjetivo como la “calidad”. Puesto que estamos hablando de proyectos de mucho dinero y contratos de varios años (hasta 5 establece la ley), y como al final solo puede quedar uno, la competencia es feroz y quienes queden fuera querrán que los motivos se sustenten en algo lógico y objetivo.

Las especificaciones de la ley sobre lo que entiende por “calidad” se basan en los siguientes preceptos: “Calidad, valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, características sociales, medioambientales e innovadoras y su comercialización”. Para que la relación calidad-precio se ajuste, además, deben poder ser medibles “la organización, cualificación y experiencia del personal dedicado al contrato, siempre que afecte a su ejecución, además de incluir la postventa, servicio técnico, condiciones de entrega, recambios y seguridad” en los proyectos presentados.

Estas modificaciones va a afectar a nuestra forma de trabajar, tanto a nosotros como a las empresas privadas“, indicó Arellano. “El reto es la forma en la que vamos a introducir estas novedades, (…) en realidad, vamos a tener que ir aprendiendo todos a partir del 9 de marzo”.

La nueva LCSP hace un guiño a las pymes reduciendo la burocracia necesaria para la presentación a concurso y aumentando los lotes, estableciendo solo la declaración voluntaria del DEUC (documento europeo único de contratación pública). Además, con el fin de fomentar su participación, establece una división obligatoria de los contratos en lotes y elimina el límite del 60% a la subcontratación.

En cuanto a la duración de los nuevos contratos, esta es de cinco año máximo, con la posibilidad de ampliarlo para amortizar inversiones, además se reduce el importe de los contratos menores a 15.000 euros (sin IVA) por contratista, en el  ejercicio presupuestario.

Por último, en cuanto a los procedimientos, la LCSP acorta los plazos de presentación de ofertas y se elimina la negociación con y sin publicidad por importe, solo se realizaría con supuestos de carácter excepcional. Además se incorpora la licitación con negociación y la asociación para la innovación (la posibilidad de promover la innovación en el marco de los contratos públicos ordinarios).

Los nuevos modelos de compra flexible (as a service)

Con motivo del encuentro, que estuvo conducido por Beatriz Julià, directora general del Foro CPP, se elaboró un Libro Blanco que detallaba la licitación de los denominados “modelos de compra flexible de capacidad de TI” . Se trata, ni más ni menos, de un sistema que llevan ofreciendo las empresas tecnológicas desde hace años (consumo de tecnología as a service).

Estos modelos estarán sujetos a los mismos requisitos de la nueva LCSP en cuanto a su licitación aunque, en realidad, surgen como una necesidad derivada de su aplicación. Al final, es la solución que ha encontrado la Administración para adquirir una infraestructura TI moderna y potente, lo suficientemente flexible para dar respuesta a los picos de demanda y, a la vez, que no sea desaprovechada en periodos más calmados.

En un principio, podría pensarse que un modelo de cloud público podría dar respuesta a estas necesidades, pero es cierto que el sector está regido por unas exigencias especiales en cuanto a protección de datos, seguridad y cumplimiento de las disposiciones legales, por lo que “es frecuente que esta opción no sea factible”. Optar por modelos flexibles les permite instalar los sistemas en el centro de procesos de datos del organismo en cuestión, dejando su administración a los profesionales IT de la empresa adjudicataria del proyecto.

El contrato sería “mixo”, es decir, combina arrendamiento con prestación de servicios, canalizándolo a través de un acuerdo marco y con la posibilidad de realizar varios contratos.

Acuerdo marco

Para quienes hayan optado ya a algún concurso de licitación de la Administración Pública, los denominados “acuerdos marcos” les resultarán familiares. Sin embargo, los inexpertos en la materia deberían conocer su significado y cómo van a verse reforzados por la nueva ley.

En términos globales, un acuerdo marco es “la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en ese acuerdo marco. Este sistema permite simplificar la gestión de los contratos y facilitar la adhesión de organismos o entidades, así como de Comunidades Autónomas y Entidades Locales”. En él ámbito de los modelos de compra de capacidad flexible, constituyen una herramienta adecuada para recoger contractualmente con exactitud las adaptaciones de dicha capacidad.

El acuerdo marco ofrece ventajas, ya que pone a disposición de los poderes adjudicadores un instrumental flexible, garantiza de antemano una financiación determinada, solicita prestaciones flexibles de acuerdo con las necesidades y la situación y permite poder reaccionar frente a necesidades que surjan más adelante.

Según datos de AdjudicacionesTIC, expuestas en el evento por su socio-fundador, Ismael Moreno, el año pasado se hicieron adjudicaciones públicas en España por un total de 3.101 millones de euros, de las que el 45% fueron de la Administración General del Estado y el 55%, correspondiente a organismos autonómicos, provinciales y locales. La mayoría de estas adjudicaciones fueron a través de concurso público (87%) y hubo un total de 7.296 licitaciones.

Por otro lado, las empresas que consiguieron proyectos de mayor importe, por parte del sector público, en 2017, fueron Telefónica, IBM e Indra, mientras que los organismos que ofrecieron licitaciones de mayor cuantía fueron Correos, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y la Sociedad informática del Gobierno Vasco. Por último, Moreno indicó que según datos recogidos por su plataforma, las áreas tecnológicas con mayor número de adjudicaciones el año pasado fueron los servicios de mantenimiento, el de hardware de comunicaciones (modem, routers, tarjetas de red…) y el de hardware de microinformática (teclados, monitores, etc..).

La opinión de los fabricantes

Los directores generales que se dedican en exclusiva a las relaciones con del sector público de HPE, HP y Alcatel Lucent Enterprise nos contaron qué les parece la nueva ley y cuál es el peso de sus compañías en la administración española.

mesa redonda

María Eugenia Salmerón, directora general de contratación del Estado de HPE

“Me parece un anuncio bastante importante para nosotros porque, realmente, el organismo puede ahora orquestar una licitación adecuada en función a los productos que realmente estamos ofreciendo y no al precio. Si nos basamos solo en precio no estamos dentro del mercado. Creo que es un reto para la Administración el saber orquestar esta nueva ley para poder sacar un pliego en condiciones”.

“La presencia de HPE en la Administración es bastante alta, a través de los catálogos de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación somos el primer adjudicatario a nivel del acuerdo Marco 13 Servidores de Almacenamiento, con un 44% de presencia en el mercado y en el acuerdo Marco 10 de Redes y Servicio de Networking estamos en tercera posición, según datos de 2017. Estos organismos nos ven como una empresa que da servicios, productos y un proyecto global a sus necesidades, para cubrirlas adecuadamente”.

Rafael Andreo, director de grandes cuentas AA.PP. de Alcatel Lucent Enterprise

“La nueva ley es una oportunidad interesante que nos abre puertas para mejorar la calidad de la contratación, corregir algunas cosas que tenía la anterior que nos estaba llevando a una situación donde, al final, todo el mundo se encontraba descontento. Por ejemplo, la excesiva preponderancia de la valoración económica hace que, a veces, se conviertan en subastas ciertas contrataciones y eso va en detrimento de la calidad de lo contratado”.

“Nosotros tenemos una presencia, por un lado en la Administración General del Estado, y por otra, en muchos ministerios y organismos desde hace muchos años, a través de operadores que utilizan nuestra tecnología proporcionando los servicios de telecomunicaciones. Del mismo modo estamos presentes en muchas CC.AA.”.

Carlos Fontán, director general de contratación del Estado de HP

“Creo que la nueva ley es un avance importante para comprar mejor porque se están poniendo sobre la mesa unos criterios que antes no existían, o no se valoraban en su justa medida, como son los de sostenibilidad y los sociales, sobre todo relacionados con el ciclo de vida. Al final, en muchas ocasiones se estaba comprando al peso, eso conlleva que el producto no tenga la calidad y el rendimiento suficientes, una repercusión en el medio ambiente que otros productos no tienen, etc. Esta nueva ley en ese aspecto mejora mucho, aunque es complicado medir las cosas, al final se puede lograr. Esto va a beneficiar en cuanto a que se va a comprar mejor”.

“Por la parte de computing de HP, tenemos un peso bastante relevante en la Administración: en torno al 45% del mercado; en cuanto al sector del printing estamos con el 10% del mercado”.

Periodista especializada en tecnologías corporate, encargada de las entrevistas en profundidad y los reportajes de investigación en MuyComputerPRO. En el ámbito del marketing digital, gestiono y ejecuto las campañas de leads generation y gestión de eventos.

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La tarjeta con chip cumple medio siglo

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Un mes de septiembre del año 1968, los ingenieros alemanes Helmut Groettrup y Juergen Dethloff, presentaron la primera patente de un circuito de identificación, y G+D desarrollaría posteriormente las tres primeras aplicaciones basadas en esta tecnología. Todo esto, 50 años después, ha desembocado en el actual entorno de tarjetas con chip, usadas por 1.000 millones de usuarios diariamente en todo el mundo y por operadores de telecomunicaciones, fabricantes de coches, de dispositivos móviles, empresas comerciales y organismos de transporte o salud.

Coincidiendo con este aniversario, la oficina de patentes alemana ha equiparado a las tarjetas con chip con otros hitos de la tecnología como el motor diésel, el frigorífico, el tubo de rayos X o el formato de archivo MP3. Según este organismo, sin esta tecnología no hubiera sido posible construir el mundo que hoy conocemos plenamente conectado y serían imposibles realizar procesos de pago globales, seguros y sin efectivo, por no hablar de los avances en seguridad que han permitido en smartphones, wearables y dispositivos IoT.

Breve historia

La capacidad actual de almacenar datos bancarios y de identidad digital en solo unos pocos milímetros cuadrados es gracias al trabajo de Juergen Dethloff (1924-2002) y Helmut Groettrup (1916-1981). Estos ingenieros alemanes presentaron el 13 de septiembre de 1968 la primera patente del circuito de identificación. Su primer objetivo era el de recibir información y dotarla de un significado específico a través de un sistema de asignación especial con puntos de transmisión y recepción.

Un año después de la presentación de la primera patente, Dethloff y Groettrup presentaron en Alemania un desarrollo que permitía la transmisión inalámbrica por medio de acoplamiento inductivo (es decir, tecnología RFID o NFC). Esta segunda versión eliminó las limitaciones de la tarjeta de banda magnética en términos de baja confiabilidad y falta de protección contra el fraude.

Dethloff llevó la tecnología aún más lejos en una nueva solicitud de patente introduciendo microprocesadores y EEPROM (ROM programable y borrable) para hacer que el manejo de datos fuera más seguro y flexible. Tras ello, G+D entró en este sector comprando la patente y desarrollando tres aplicaciones a partir de esta tecnología.

Con estas aplicaciones fue posible desarrollar la inicialización segura a través de ubicaciones autorizadas en la producción de tarjetas, y también se definieron las propiedades de escritura basadas en la memoria de lectura, el uso de una bomba de carga para evitar manipulaciones durante el proceso de escritura, y el bloqueo o destrucción de la información en caso de un ataque. Todas estas aplicaciones siguen vigentes hoy en día, ya que se han convertido en aspectos clave de la seguridad y la adaptabilidad de la tarjeta con chip.

Según David González, director de ventas de G+D Mobile Security para Europa y el Norte de África, “las tarjetas con chip son indispensables en nuestra vida cotidiana. Las usamos a diario en cajeros automáticos, cuando compramos, cuando vamos al médico, en el transporte público, en las tarjetas de identidad electrónicas, en teléfonos móviles, para acceder a edificios y equipos informáticos, y cada vez con más frecuencia en los dispositivos IoT. No solo eso, –termina diciendo González–, también han fortalecido un uso seguro y flexible de la conectividad móvil, mayores niveles de seguridad para tarjetas de identidad y pasaportes y, en última instancia, la protección de nuestras identidades digitales. Sin el desarrollo de la tarjeta con chip y sus diversas aplicaciones impulsadas por G+D, el mundo de hoy en día no sería concebible”.

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Apple completa el pago de impuestos atrasados a la UE

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Apple ha pagado a Irlanda la totalidad de impuestos atrasados exigidos por la Unión Europea y que ascienden a 14.300 millones de euros, intereses incluidos.

El anuncio ha llegado de la mano de la Comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, tras la confirmación (se rumoreaba en los últimos días) del Ministro de finanzas irlandés. Vestager ha anunciado también una propuesta para que la Comisión Europea retire la demanda contra Irlanda por ayudas ilegales a Apple.

Aunque la firma de Cupertino haya abonado los impuestos e intereses exigidos, el dinero seguirá cerrado en una cuenta administrada por un fondo fiduciario a la espera de la resolución definitiva de la alta justicia europea a la apelación de Irlanda.

De hecho, el ministro irlandés asegura que su gobierno sigue sin aceptar el dictamen de la Comisión Europea, si bien la “recuperación completa” de la deuda de Apple “demuestra que la intención del Gobierno es siempre cumplir con sus obligaciones legales”“Como miembros comprometidos de la Unión Europea, siempre hemos confirmado que recuperaríamos las supuestas ayudas estatales”, ha asegurado.

Irlanda: un paraíso fiscal para Apple

Hace tiempo que la Comisión Europea considera que Apple (y otras grandes tecnológicas) practican sofisticadas operaciones financieras y fiscales para pagar el menor número de impuestos en Europa.

Una “ingeniería fiscal” que aprovecha resquicios legales de los estados miembros (e intereses puntuales de algunos de ellos como Irlanda), filiales varias y transferencias de facturación a centrales establecidas en determinadas países que les permiten pagar tasas impositivas muy por debajo de la media del Viejo Continente y del resto de empresas no digitales.

El mayor ejemplo es Apple e Irlanda, un país que de facto actúa como un paraíso fiscal dentro de la UE, permitiendo que el gigante de Cupertino pague un impuesto de sociedades (1-2%) muy por debajo de la media de la UE y del que pagan otras compañías, en lo que se considera contrario a los intereses del resto de estados en los que opera la compañía.

Irlanda ha reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas”, explicó la comisaria Vestager, cuando anunció el dictamen contra Apple e Irlanda.

Apple se ha defendido argumentando que se ha ajustado siempre a la legalidad vigente en cada estado. Y es cierto. El problema es que el nivel de impuestos irlandés es una ayuda estatal ilegal según el dictamen de la Comisión Europea. Starbucks, BASF y Fiat-Chrysler, son otras multinacionales que se han visto obligadas a abonar lo que habían dejado de pagar con efectos retroactivos por el mismo motivo.

Apple en España

También los gobiernos europeos consideran que hay “grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocio” y están estudiando impuestos especiales para las tecnológicas.

El caso de Apple en España es ilustrativo. La mayor compañía mundial por capitalización de mercado y una de las que mayores beneficios obtienen respecto a sus ingresos, pagó a la Hacienda española solo 7,5 millones de impuestos entre 2010 y 2014. Apple Retail Spain registró en 2012 pérdidas de 22 millones de euros, cuando las tiendas físicas de Apple son (atendiendo a su superficie) las más rentables del mundo.

Todo ello es posible por el mismo artificio: Apple declara la práctica totalidad de los beneficios obtenidos en la Unión Europea en Irlanda.

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Las empresas que más ayudan a pymes y autónomos españoles

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La consultora Advice Strategic Consultants, de la que es socio director general nuestro colaborador, Jorge Díaz-Cardiel, ha llegado a la conclusión de que la Fundación Bancaria La Caixa, El Corte Inglés, Telefónica, Inditex y CaixaBank son las cinco primeras grandes empresas que, según las pymes y autónomos españoles, “más les ayudan” en el desempeño de su labor empresarial.

Se trata de unos resultados basados en las encuestas realizadas a pymes, microempresas y autónomos de varios sectores, así como entrevistas a líderes de opinión de nuestro país para contrastar opiniones. Según la consultora,  la coincidencia entre los dos públicos entrevistados es casi del 99%, mientras que el Índice de confianza estadística es el 98,2%.

Así, el primer dato destacable es que Fundación Bancaria La Caixa, seguida por El Corte Inglés, Telefónica, Inditex y CaixaBank son las empresas que las pymes y autónomos españoles más y mejor valoran, porque les ayudan en el desempeño de su labor empresarial. Les siguen líderes sectoriales: Danone, Calidad Pascual, HP, Apple, Sage Spain, Microsoft, Meliá Hotels International, Iberostar, Seat, Naturgy (antes, Gas Natural Fenosa), Iberia, Abertis, Pelayo, Mapfre, Cellnex Telecom y MSD.

En cada sector hay no menos de una docena de empresas que destacan, en ámbitos que aportan mucho al PIB, sea el turismo, con un 11%, o las TIC, con un 8,4%, por ejemplo”, indicó Díaz Cardiel. En total, las pymes y autónomos entrevistados han analizado 400 grandes empresas en un período de encuestación de tres meses.

Son sectores y empresas sistémicos para la economía y sociedad españolas. “El caso más emblemático es La Fundación Bancaria La Caixa, presidida por Isidre Fainé y más conocida como La Caixa”, añade Díaz Cardiel. De CaixaBank dependen las participaciones en Telefónica (5%) y Repsol (9,5%), aunque Criteria Caixa también posee un 1% de Telefónica, siendo La Caixa, por tanto, el primer accionista de la operadora.

Razones de valoración positiva de las grandes empresas

Preguntados los entrevistados por qué CaixaBank, un banco, seguido de Santander (con Popular, que aportó muchos clientes pymes y autónomos al banco cántabro), BBVA y Bankinter son tan importantes para ellos, la respuesta fue clara: “el acceso a la financiación bancaria, que en el caso de las pymes españolas alcanza el 88 por ciento versus el 50 por ciento de Alemania y el 30 por ciento en Estados Unidos. Durante los años de crisis, la principal preocupación de pymes y autónomos fue la sequía del crédito empresarial, abierto a empresas solventes entre 2014 y 2018, lo que ha facilitado la inversión empresarial”, explica Jorge Díaz Cardiel.

Telefónica, seguida por los otros operadores de telecomunicaciones, es importante para las pymes porque les hace llegar la fibra óptica, acceso a Internet, convergencia, contenidos, cloud, big data e inteligencia artificial. Contenidos, mediante su alianza con Netflix y cloud, gracias a su acuerdo con Amazon Web Services (AWS). Vodafone, Orange y Más Móvil siguen el mismo camino, “imitando al incumbente y líder del mercado”.

Pymes y autónomos han destacado el crecimiento de Telefónica, en un extremo, por la oferta y la calidad y de Más Móvil, en el otro extremo, porque ofrece precios bajos. Al mismo tiempo, señalan que “Vodafone baja y Orange sube”.

El Corte Inglés y la economía y la sociedad españolas están indisolublemente unidas, dicen pymes y autónomos, que dicen conocer bien El Corte Inglés en un 99%. “El Corte Inglés provee de todo -productos, servicios-, ofrece calidad de servicio, buena atención al cliente y, cada vez más, comercio electrónico para comprar online”. Otros grandes de la distribución, le siguen, como Inditex y Mercadona, entre otros. En Tecnologías de la Información, HP (hardware) y Sage Spain y Microsoft (software).

“La hostelería tiene campeones nacionales, Melia Hotels International, primero, e Iberostar Group, segundo. La expansión internacional de Meliá está ayudando a muchas pymes a seguir al líder hotelero, efecto de arrastre, que también se aprecia en Inditex o, en el caso de CaixaBank, líder del mercado ibérico, de expansión de nuestras pymes al país vecino, Portugal”. La automoción está dominada por Seat, empresa que tiene, como el resto de su sector en menor medida, una industria auxiliar (muy fuerte) del automóvil, compuesta de pymes, pero muy dependientes de los planes de las grandes empresas automovilísticas, cada vez menos españolas y más foráneas, por “lo que las decisiones se toman fuera de España, lo que preocupa a pymes y autónomos en automoción”.

En Energía, lidera Naturgy (antes denominada Gas Natural Fenosa), seguida por Iberdrola; en Aerolíneas, Iberia; en Seguros, Pelayo, primero, y Mapfre, después; en Gestión de Infraestructuras inalámbricas, Cellnex Telecom, “el mejor valor en bolsa (Ibex-35, en 2017 y 2018), con revalorización del 62%”.

Parámetros

Lo que más valoran las pymes y autónomos de las grandes empresas:

  • Que se les provea de contratos, carga de trabajo (98%)
  • Ayuda en la generación de Empleo (95%)
  • Facilidad de acceso a la Financiación bancaria (90%)
  • Mejoras en la gestión (84%)
  • Mejoras en sus procesos internos y de relación con clientes (76%)
  • Formación, especialmente importante en Telecomunicaciones, TIC y servicios financieros (75%)
  • Digitalización, transformación digital, (70%) que se traducen en más productividad y más competitividad.
  • Internacionalización, salida al exterior, exportar (69%)

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