La Administración podría haber participado en las operaciones del cártel de empresas TIC

Algo más de 12 años ha tardado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en poner punto y final a una situación que bien podría servir para un guión de Hollywood, pero que ha estado pasando delante de nuestras narices. En 2016, el organismo hizo público una investigación que ha acabado con una multa de 30 millones de euros a 11 empresas tecnológicas por la creación de un cártel destinado a dar servicios de informática y tratamiento de datos a la diferentes organismos de la Administración Pública, tanto a nivel nacional como autonómico.

El extenso informe de la comisión (224 páginas) concluye con una revelación más preocupante que el saber que un puñado de empresas privadas pactaron precios y condiciones para adjudicarse proyectos públicos durante más de una década. Y es que, según el voto particular de una de la consejeras, María Pilar Canedo, hay suficientes indicios que apuntarían a “una potencial participación de la administración” en varios de los contratos adjudicados a las empresas. Dicho cártel estaría urdido por Indra y Software AG, que han sufrido las mayores sanciones: 13,5 y 6 millones de euros, respectivamente, y en él participaron en mayor o menor medida Accenture, Atos, Babel, Cibernos Consulting, Connectis, Everis, Gesein, IBM y Next.

Según las pruebas presentadas por Competencia, consistentes en varios mails compartidos entre representantes de las empresas sancionadas, las administraciones contratantes «podrían ser conocedoras de la existencia del reparto del mercado, jugando un papel activo en el mismo». Los organismos a los que se refieren son: la Agencia Tributaria (por cuya denuncia se comenzó a investigar toda la trama), la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

A continuación, reproducimos parte de estas conversaciones, extraídas del informe de la CNMC, que probarían esta participación contraria al derecho de competencia por el que debe velar de la Administración. En cualquier caso, la sanción a estos organismos no ha ido más allá de un pequeño tirón de orejas por parte de un solo miembro de la CNMC.

AEAT

GISS

SEPE e INSS

El plan del cártel

Las palabras «competencia legal» no deben de estar en el diccionario de algunas personas cuya identidad (en mi opinión personal) debería constar públicamente en todas partes para que sus tejemanejes no empañasen el nombre de toda una corporación, ya sea pública o privada. Para estas personas no parece que fuera muy difícil urdir el plan que durante años ha estado funcionando a todo tren.

Su modus operandi se basaba en la constitución de modelos legales para mantener las apariencias de cara a la galería, urdir una serie de favores con los que convencer a sus potenciales aliados y, por supuesto, contar con «un amigo» en el bando de quien daba el dinero, es decir, el representante público. Así, su instrumento favorito era constituirse en una UTE (Unión Temporal de Empresas) o hacer subcontratas, para luego manipularlo a su antojo. Entre los favores contemplados, totalmente al margen de la ley, estaban la cesión de claves de patrimonio o la promesa de no presentarse a ciertos concursos, de forma deliberada, para eliminar la competencia.

Por su parte, el funcionario de turno, en una comunicación más que fluida con estos empresarios, no solo llegaban a elaborar el pliego de condiciones al dedillo de lo que querían las empresas implicadas, sino que también lo hacía al revés: filtrándole información confidencial para que sus propuestas encajaran a la perfección con las necesidades de la administración.

De todas ellas, la más beneficiada fue Software AG quien, a través de la constitución de diferentes UTEs, consiguió 22 licitaciones y 28 lotes adjudicados valorados en más de 331 millones de de euros (recordemos que la sanción impuesta a esta empresa es de 6 millones). El segundo de la lista es Indra, con 19 licitaciones conseguidas, divididas en 25 lotes que le fueron adjudicados por valor de más de 324 millones de euros y solo tuvieron 13,5 millones de euros de multa.