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Francia gravará a las grandes tecnológicas en 2019 con o sin acuerdo de la UE
Hace unos días vimos que el impuesto que pretende gravar a las grandes tecnológicas que obtienen ingresos a través de contenidos digitales podría retrasarse hasta 2022, debido a la falta de acuerdo que existe entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
El objetivo de la Unión Europea es alcanzar una posición común y unánime que permita el establecimiento de un impuesto general, aplicable en todos los Estados miembros sin excepción a los ingresos generados por las grandes tecnológicas a través de contenidos digitales, y que sirva como medida provisional hasta que se encuentre una solución más equilibrada.
Actualmente las empresas que generan ingresos con contenidos y servicios digitales están gravadas con un 9,5% y las empresas que operan de manera tradicional soportan un gravamen del 23,2%. Europa quiere aplicar un impuesto añadido del 3% para equilibrar un poco la situación mientras valoran una aproximación más justa, pero hay Estados que creen que esto puede «espantar» de su territorio a los gigantes tecnológicos, y no están dispuestos a soportar el perjuicio que ello les supondría.
El Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, ha confirmado que su país no está dispuesto a seguir tolerando esta situación y que tiene pensado establecer un impuesto a nivel nacional que afectará a todas las tecnológicas que generen ingresos por contenidos y servicios digitales. Este gravamen entrará en vigor en 2019 y sirve como aviso a la Unión Europea, ya que en caso de que se mantenga la falta de acuerdo Francia actuará unilateralmente.
Le Maire ha sido tajante y dice que está dispuesto a esperar a marzo de 2019 para alcanzar un acuerdo sobre ese impuesto europeo a contenidos y servicios digitales. Si pasada esa fecha la situación no avanza se establecerá el gravamen que tienen previsto a nivel nacional.
Esta respuesta puede parecer un tanto airada, pero tiene una explicación, y es que el gobierno de Emmanuel Macron ha realizado un gran esfuerzo político para sacara delante este impuesto, con el que esperan, además, acallar las críticas que acusan al ejecutivo de favorecer a las grandes empresas y olvidarse de los pobres.
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