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El BOE publica el decreto de centros de datos: qué exige y desde cuándo

El Real Decreto 1032/2026 fija requisitos de eficiencia, energía renovable y soberanía digital para los centros de datos y entra en vigor el 22 de noviembre.

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Servidores en un centro de datos

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado el Real Decreto 1032/2026, que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El Consejo de Ministros lo aprobó el 20 de noviembre, según la referencia de La Moncloa, y entra en vigor el domingo 22, el día siguiente al de su publicación, según su disposición final séptima. El texto íntegro está en el BOE número 290.

La norma desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026 e incorpora parcialmente el artículo 12 de la Directiva (UE) 2023/1791. En la nota del Ministerio para la Transición Ecológica, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, sostiene que sin este real decreto «tendríamos un impacto de 5.000 millones de euros en nuestras facturas». Antes de su aprobación, el Gobierno ya había moderado las exigencias medioambientales a estas instalaciones.

A quién se aplica y qué hay que acreditar

El decreto afecta a los operadores o titulares de centros de datos que hayan solicitado o vayan a solicitar permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas de transporte y distribución. Las obligaciones energéticas se aplican a centros con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW, o a grupos de centros de la misma titularidad y ubicación que alcancen esa cifra de forma agregada. Las disposiciones transitorias incluyen también las solicitudes sin resolver favorablemente, las suspendidas por un concurso de capacidad de demanda y los permisos ya otorgados que todavía no están conectados. Quedan excluidos los centros destinados exclusivamente a defensa, protección civil y seguridad pública y los de entidades del sector público estatal que sean operadores críticos.

Para obtener los permisos, los solicitantes deben presentar una declaración responsable sobre soberanía digital, una manifestación de compromiso de eficiencia energética e hídrica (o la etiqueta europea del proyecto) y otra de adicionalidad y correlación horaria.

En eficiencia, los centros deben acreditar la clase «A» tanto en eficiencia energética como hídrica. La energética debe alcanzarse a los dos años de entrar en funcionamiento y la hídrica al año.

La adicionalidad exige cubrir el 80 % del consumo total con autoconsumo o con contratos de compra de electricidad renovable a plazo con productores e instalaciones de almacenamiento ubicados en España, un requisito que enlaza con el mínimo del 80 % de energía renovable que ya se perfilaba en agosto. Las instalaciones deben tener acta de puesta en servicio no anterior en más de 36 meses a la entrada en funcionamiento del centro o al primer uso de la energía, con excepciones que el propio artículo detalla, como la de la fotovoltaica sin contratos de compra a plazo a la entrada en vigor del decreto. La correlación horaria exige que la energía consumida en cada hora esté respaldada al menos en un 80 % por electricidad renovable generada esa misma hora.

Quien no alcance esos niveles paga una compensación por MWh consumido. Por adicionalidad, 25 €/MWh si la generación renovable adicional es inferior al 20 % del consumo anual, 19 €/MWh entre el 20 y el 40 %, 12 €/MWh entre el 40 y el 60 % y 6 €/MWh entre el 60 y el 80 %. Por correlación horaria, según la desviación mensual media, desde 2 €/MWh si es inferior al 5 % hasta 16 €/MWh si alcanza o supera el 50 %. El gestor de red factura cada mes de forma provisional, la compensación se repercute al consumidor final o a la comercializadora según cómo se haya suscrito el contrato de acceso, la Secretaría de Estado de Energía aprobará las cuantías definitivas antes del 31 de marzo de cada año y lo recaudado se destina a los mecanismos de capacidad.

Soberanía digital y transparencia

El artículo 5 se aplica a los centros que alojen sistemas de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, y el artículo 2 lo exceptúa del umbral de 10 MW. Los datos de contenido, los derivados del uso del servicio, las réplicas y las copias de seguridad no pueden tratarse, almacenarse ni transferirse fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo que una norma de la UE fije un régimen equivalente. Los medios para prestar el servicio deben estar en la UE o el EEE, y las tareas de administración o soporte desde otros países solo se admiten si son técnicamente imprescindibles, con registro de la operación y de quien la realiza durante al menos cinco años. Estas condiciones no son exigibles hasta que se comunique al titular del centro que alguno de sus sistemas es de categoría ALTA, y el control posterior corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En transparencia, antes del 15 de mayo de cada año los centros con potencia de tecnologías de la información igual o superior a 500 kW deben remitir al Ministerio para la Transición Ecológica los datos del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, que el departamento publicará en su portal. Los de 1 MW o más deben además indicar si aplican el código de conducta europeo de eficiencia energética de los centros de datos y, si no lo hacen, justificarlo.

El texto incluye regímenes transitorios. Durante cinco años, los titulares que cumplan los requisitos técnicos para participar en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP) tendrán una correlación horaria escalonada: el 60 % de la energía consumida en periodo P1 hasta el 31 de diciembre de 2028 y, desde el 1 de enero de 2029, el 70 % en P1 y el 60 % en P2.

La propia norma remite a desarrollos posteriores. Una orden del Ministerio para la Transformación Digital aprobará los modelos de declaración responsable de soberanía digital, sin que su ausencia afecte a la exigibilidad del artículo 5, y otra del Ministerio para la Transición Ecológica fijará los procedimientos de comunicación y publicación de la información energética. El sector, por su parte, prevé multiplicar por seis su capacidad en España hasta 2030.

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