El Plan de Fiscalía Digital se convierte en una pesadilla para los fiscales

El año pasado, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan para llevar a cabo la transformación digital de la Fiscalía, que a día de hoy todavía se está desarrollando en fase de pruebas en varias provincias españolas. Con el denominado Plan de Fiscalía Digital se pretende ahorrar en recursos (sobre todo papel) y conseguir que la gestión de documentación sea más sencilla. Para ello se ha creado una plataforma en la que se busca integrar las aplicaciones con la que trabajan diariamente fiscales y funcionarios, de cara a que el registro y la tramitación de notificaciones  y dictámenes de procedimientos sea electrónica. Cuando el plan esté completamente implantado, está previsto que los expedientes se tramiten por vía electrónica, y así se produzca también el intercambio de datos entre administraciones.

Este plan se comenzó a probar en la provincia de Valladolid. En junio llegó a Badajoz, y a finales de septiembre a Cuenca. El mes pasado desembarcó en otras tres provincias (Burgos, Guadalajara, Toledo) y también en la fiscalía de Mérida. Antes de final de año está previsto que se extienda a otras 10 fiscalías, y al resto en la primera mitad de 2018. Pero desde su arranque, el Plan de Fiscalía Digital no ha traído más que problemas a sus usuarios, que se han sumado a los de LexNet en los pasados meses. Según El Confidencial, los 25 fiscales de Valladolid se han plantado, hartos de la situación que tienen que soportar. Los múltiples errores y problemas del sistema han derivado en un caos que dificulta su trabajo. Según declaraciones de Sofía Puente, vocal del Consejo Fiscal y fiscal de Valladolid, que recoge este diario, «algo tan sencillo como verificar una decisión judicial, antes nos llevaba 30 segundos en papel, ahora en digital tardamos siete minutos. Se suponía que la idea era crear un expediente digital, tener almacenados en un solo lugar todos los documentos de un procedimiento para buscar, trabajar en ellos, etc. Y que jueces y fiscales pudiéramos trabajar desde ahí. Nada de eso ha ocurrido«.

Al parecer, según Puente, el «expediente digital» consiste en unos documentos escaneados y guardados en formato PDF. Por lo tanto, en ellos no se puede buscar. A los fiscales no les queda otra solución que abrir y leer los expedientes uno a uno, lo que ha hecho que en la mayoría de los casos, los impriman. El problema es de tal dimensión que los miembros del Consejo Fiscal han decidido por unanimidad la paralización inmediata del proyecto. Pero el Ministerio de Justicia no está de acuerdo, y sostienen que el sistema proporciona lo que habían pedido en la Fiscalía General del Estado. Mientras, lejos de reducirse, el gasto en papel en los juzgados no solo disminuye, sino que ha aumentado. Lo mismo ha pasado con el tóner de las impresoras. El Gobierno tuvo que publicar los datos en mayo después de que un senador solicitase la información.

Los fiscales no cuentan con buzones de entrada individuales

Además de no poder buscar, el sistema tiene otros problemas. Los fiscales no cuentan con buzones de entrada individuales. Tampoco existen criterios de búsqueda para localizar procedimientos, y hay que examinar las notificaciones una por una. La búsqueda de documentación es más lenta que antes, por lo que hay que abrir un visor específico, y para aprobar gestiones hay que ir a otra herramienta, denominada Portafirmas. Estos programas, al menos por ahora, no están integrados, por lo que los cambios que se hacen en uno no se trasladan automáticamente a otros. A esto se añaden los problemas técnicos de cada sistema. El problema es igual de grave en todas las fiscalías en las que se ha implantado hasta ahora.

Mientras, en el Ministerio de Justicia afirman veladamente que parte del problema reside en que los fiscales no están mostrando la actitud adecuada, mientras estos dicen que el sistema no funciona. Como hemos mencionado el Consejo Fiscal ha exigido «la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia» por no haber un «sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones«. También exigen que los expedientes vuelan a remitirse en papel. El Fiscal General del Estado, Jose Manuel Maza, ha asumido el acuerdo del Consejo Fiscal, y lo va a trasladar al Ministro Rafael Catalá, pero los fiscales son poco optimistas y no creen que la situación vaya a cambiar.