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El Parlamento Europeo da luz verde a la polémica directiva sobre derechos de autor

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derechos de autor UE

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea, cuyos cambios para adaptar la directiva del ‘copyright’ a la era digital han enfrentado a quienes pedían más garantías para los creadores con grandes plataformas como Google y Youtube e internautas que aseguran que servirá como arma de censura.

El respaldo de la Eurocámara (con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones) es el penúltimo paso para que se confirme la reforma, a falta de que también den su visto bueno formal los Veintiocho en decisión del Consejo. Una vez validada por todas las partes, los Estados miembro tendrán dos años para trasladar la reforma a sus legislaciones nacionales.

La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores.

¿Desaparece la libertad de expresión?

Así, las páginas deberán hacer todo lo posible por encontrar al autor y pedirle su permiso o retirar el contenido, con el objetivo de asegurar que los creadores son justamente remunerados por sus obras. Las plataformas pasan de este modo a ser responsables del contenido que alojan.

«Los contenidos satíricos como los populares ‘meme’ y los ‘GIF’ quedan exentos de esta exigencia, ya que seguirá protegiéndose la subida a la red de contenidos si es para citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar» afirman fuentes comunitarias, que de esta forma aseguran que se protege el derecho a la libertad de expresión.

Pese a todo, los críticos con la reforma alertan de que este artículo permitirá ejercer la censura y dejará en manos de algoritmos el filtro para decidir qué es publicado y qué no. La otra gran novedad es que los editores de prensa podrán reclamar compensaciones a los agregadores de noticias por usar sus contenidos, una suerte de «tasa Google» similar a la que llevó a Google News a retirarse de España, aunque menos restrictiva.

Estas plataformas podrán seguir compartiendo en sus espacios fragmentos de artículos de prensa de terceros, pero estos textos deberán ser «muy breves», para evitar abusos. Además, los editores tendrán automáticamente el derecho de negociar en nombre de sus periodistas con los agregadores por la publicación de sus productos.

Desde las instituciones sostienen que la nueva directiva refuerza a los titulares de derechos (músicos, intérpretes y guionistas) y a los editores de noticias para que puedan negociar acuerdos más ventajosos, pero insisten en que también afianza la libertad de expresión.

La reforma prevé requisitos menos estrictos para las startups que para las grandes compañías y además no afecta a las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como el caso de Wikipedia, ni a plataformas de software de código abierto, como GitHub.

Para Google, persiste la inseguridad jurídica

Una de las primeras empresas que ha reaccionado tras la aprobación de la reforma ha sido Google, que ha explicado que si bien es cierto que la directiva ha mejorado durante su tramitación parlamentaria, persisten las «inseguridades jurídicas» y que «perjudicará a las economías creativas y digitales» en la Unión Europea, según ha señalado un portavoz de la compañía.

Tampoco gustan los cambios en el grupo de Los Verdes, cuyo eurodiputado Florent Marcellesi (EQUO) ha tachado de «nefasto» el acuerdo y ha criticado el riesgo de que lleve a una «menor pluralidad» en Internet», al tiempo que ha emplazado a los Estados miembros a frenar su tramitación.

Su compañero de bancada Ernest Urtasun (ICV) ha añadido que es un «duro golpe» para la libertad en la red, porque obligará a las plataformas a utilizar filtros de carga llevará al «bloqueo más frecuente» de contenidos legales e impedirá el desarrollo de plataformas pequeñas.

En la negociación de la norma entre los Veintiocho, cinco países (Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Italia y Finlandia) se declararon en contra al considerar que la reforma representa un «paso atrás» en el Mercado Único, pero ello no impidió que siguiera adelante la reforma.

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