Rusia ordena a Google borrar en 24 horas contenido «ilegal» si no quiere tener problemas

Rusia ha dado un ultimátum a Google: si no elimina en menos de 24 horas más de 26.000 contenidos que las autoridades del país consideran ilegal, según Reuters, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Estas van desde multas de algo más de 50.000 euros hasta el 10% de sus ingresos anuales si se niega a eliminar contenido , además de ver sus servicios ralentizados en el país.

Además, la Comisión de Internet de Rusia, conocida como Roskomnadzor, ha acusado a Google de censurar los medios de comunicación de Rusia, entre los que están RT y Sputnik. Y según la comisión, «esta censura de los medios rusos y el apoyo dirigido a la actividad de protesta ilegal, de hecho, dejan claro el color político de las actividades de Google en Rusia«.

No es la primera vez que Rusia amenaza con tomar medidas contra una compañía tecnológica estadounidense. El pasado mes de marzo ya ralentizó Twitter por no eliminar contenido prohibido lo bastante rápido para su gusto. Antes de que la compañía cumpliese con la orden, el Roskomnadzor había amenazado con el bloqueo completo de la plataforma. Por las mismas fechas, este organismo aseguró que podría poner en marcha sanciones similares a Facebook, Google y YouTube por muchas razones parecidas. Todavía no está claro si Google acatará la orden, tal como lo hizo Twitter.

Según varios documentos de tribunales examinados por la agencia muestran que Google ha demandado al Roskomnadzor por las peticiones de retirada de cerca de una docena de vídeos de YouTube sobre el opositor a Putin Alexei Navalny, actualmente en prisión. Tanto él, como quienes le apoyan han utilizado con cierta frecuencia esta plataforma para acusar a Putin de corrupción y llamar a acudir a protestas contra el Kremlin.

Además, la división rusa de Google apeló una decisión de un tribunal moscovita, que le obligaba a desbloquear la cuenta de YouTube de un canal de noticias cristiano ortodoxo propiedad de un hombre de negocios ruso a quien han sancionado económicamente tanto Estados Unidos como la Unión Europea.