Hackean la CNMC: 240 GB de datos de titulares de líneas telefónicas móviles, filtrados

LA CNMC (Comisión del mercado de la competencia) ha sufrido un grave hackeo que ha terminado con unos 240 GB de datos de titulares de líneas de telefonía móvil, y unos 2.000 millones de registros de datos sensibles de los mismos, en poder de los atacantes. La entidad ha confirmado el hackeo y lo ha comunicado a las autoridades competentes, que ya están investigando el incidente. La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, se está encargando de ello.

La jueza ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid para ocuparse de la investigación, dado que según este juzgado la investigación se debe realizar sobre unos hechos tipificados como delito de ataques informáticos y contra la seguridad nacional. De ahí que haya pasado a la Audiencia Nacional.

El ataque a la CNMC se ha llevado a cabo a través de un acceso ilegal a los sistemas informáticos del organismo, encargado entre otras cosas de custodiar los datos sustraídos. Por el momento se desconoce cuándo se produjo el ciberataque, así como la identidad del ciberatacante o del grupo encargado de realizarlo. Tampoco se sabe el nivel de sensibilidad de los datos sustraídos, ya que no se ha facilitado información adicional sobre ellos.

En un primer momento, el Ministerio Fiscal estaba en contra de que el ciberataque fue investigado por la Audiencia Nacional porque consideró que la CNMC, a pesar de cumplir una función muy relevante, no puede calificarse como una institución del Estado. Pero la jueza María Tardón, tras analizar la doctrina del Tribunal Supremo sí considera que debe considerarse a la CNMC como un alto organismo de la nación.

Según la jueza, todavía es pronto para concretar cuál podría ser el fin que perseguían el o los atacantes, aunque «lo que sí resulta claramente objetivado, desde este momento inicial de las investigaciones, es que nos encontramos ante un ciberataque masivo contra una entidad que, por su incardinación en la estructura del Estado y su esencial función en los términos indicados, supone una grave e indudable afectación institucional, en un ámbito tan particularmente sensible y relevante para su normal funcionamiento como el del control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios«.