El Departamento de Justicia de EE.UU. insiste en la venta de Chrome 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue presionando para la venta de Chrome y lo ha vuelto a solicitar en una nueva presentación ante el juez federal que lleva la causa antimonopolio más completa que se ha lanzado contra Google. Hay que destacar que es la primera actualización del DOJ desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

A pesar de los cambios impuestos en los puestos clave de estos abogados del gobierno, la nueva petición del DoJ es muy dura contra Google. «La conducta anticompetitiva de Google ha privado a los usuarios de un valor estadounidense básico: la capacidad de elegir en el mercado. A través de su enorme tamaño y poder ilimitado, Google ha privado a los consumidores y a las empresas de una promesa fundamental que debían al público: su derecho a elegir entre servicios en competencia. La conducta ilegal de Google ha creado un Goliat económico, que causa estragos en el mercado para garantizar que, pase lo que pase, Google siempre gane», se puede leer en la proposición judicial.

El Departamento de Justicia está pidiendo al tribunal que obligue a Google a deshacerse de Chrome de inmediato y por completo, junto con todos los datos u otros activos necesarios para su funcionamiento continuo. Básicamente, su objetivo es quitarle a Google la base de usuarios de Chrome (el más popular del mercado, usado por unos 3.400 millones de personas) y entregársela a un competidor.

El gobierno examinaría a los posibles compradores para asegurarse de que la venta no suponga una amenaza para la seguridad nacional. Durante el plazo de vigencia de la sentencia, Google no podrá lanzar ningún navegador nuevo. Sin embargo, sí podrá seguir contribuyendo al proyecto de código abierto Chromium, clave ya no solo para Chrome sino para la decena de desarrollos que lo usan, algunos tan importantes como el Microsoft Edge u Opera.

Como era previsible, la postura de Google respecto de la solución está a años luz de la del DOJ: «Las amplias propuestas del Departamento de Justicia siguen yendo mucho más allá de la decisión de la Corte y perjudicarían a los consumidores, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos«, dijo un portavoz de Google. El gigante de Internet no modificó las soluciones que sugirió en el caso, y entregó al tribunal una propuesta idéntica a la que presentó hace meses.

Google sí dice estar abierto a cambiar la forma en que funcionan los acuerdos de posicionamiento en búsquedas para navegadores y dispositivos Android, además de que aceptaría cierta supervisión regulatoria adicional para garantizar el cumplimiento. Sin embargo, los cambios de personal en el Departamento de Justicia y las recientes reuniones de Google (incluido el pago de un millón de dólares a la investidura de Trump) no han cambiado el rumbo del gobierno y la petición general de dividir la compañía.

Venta de Chrome, pero IA y Android a salvo

Si la petición de venta de Chrome continua, hay dos cambios notables en la posición del gobierno y con ello, dos grandes activos de Google estarían a salvo: Android y la inteligencia artificial. Aunque es difícil que estas áreas escapen por completo del control del gobierno con las medidas propuestas hasta ahora, Google no tendría que desprenderse de ellas.

Aún así, está por ver cómo queda Android ya que el DOJ sigue pidiendo que el tribunal imponga una serie de restricciones sobre cómo Google puede promocionar sus productos. Y también exige que Google abandone los acuerdos de búsquedas con Mozilla u otras empresas, como por ejemplo pagar a Apple para que utilice su motor de búsqueda por defecto.

La IA queda fuera de la ecuación, al menos de momento. El Departamento de Justicia ha suavizado su postura sobre las inversiones de Google en inteligencia artificial. A diferencia de la propuesta del gobierno de Biden, el DOJ ahora solo exige una notificación previa para futuras inversiones relacionadas. lo que permite a Google continuar con sus avances en inteligencia artificial al tiempo que garantiza la supervisión regulatoria. Todo esto está en consonancia con la retirada de la administración Trump de la regulación gubernamental de la inteligencia artificial.

Está previsto que el caso se celebre en abril, con audiencias en las que tanto el Departamento de Justicia como Google presentarán sus argumentos finales sobre las soluciones propuestas. Se espera que se dicte una sentencia definitiva el próximo verano.