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Opinión

Seguridad: derecho fundamental

Con el revuelo montado por el Ministerio de Cultura ante la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, se plantea una situación en la que muchos no habrán caído, ni siquiera el ministerio correspondiente. Si se va a agilizar el cierre de determinadas páginas por motivos económicos, ¿por qué no se pueden cerrar otras páginas con igual rapidez por motivos de seguridad?

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Con el revuelo montado por el Ministerio de Cultura –me niego a personalizar esa idea en una sola persona, me parecería aberrante– ante la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, se plantea una situación en la que muchos no habrán caído, ni siquiera el ministerio correspondiente. Si se va a agilizar el cierre de determinadas páginas por motivos económicos, ¿por qué no se pueden cerrar otras páginas con igual rapidez por motivos de seguridad?

Fernando de la Cuadra, director de Educación de Ontinet.com

Es decir, si, por poner un ejemplo, se  denuncia que un cierto servidor está ofreciendo canciones sujetas a derechos de manera gratuita, una comisión podrá cerrar esa página o bien instar a los operadores de red a que bloqueen su acceso. Pero si por el contrario una determinada página web está ofreciendo herramientas de hackeo de ordenadores (perdón, crackeo de ordenadores), ¿no va a haber nadie que se ocupe de evitarlo?

¿No va a haber una comisión que asuma la responsabilidad de cerrar los servidores que están sirviendo de base de operaciones para las estafas de phishing? Los bancos estarían encantados de poder cerrar o bloquear esos servidores y evitar los numerosos problemas que causan a sus usuarios más incautos.

En el caso de la música, la situación no es cómoda para nadie. Las posturas están enfrentadas y no parece que haya demasiada posibilidad de llegar a un punto de encuentro. La postura oficialista choca directamente con muchos derechos básicos reconocidos desde la constitución a los “usos y costumbres” habituales. Y la defensa de la piratería más descarada, alegando esos mismos derechos y libertades, no deja de ser un mero fraude de ley para engañar y perjudicar económicamente a los autores y distribuidores de música y vídeo.

Hackers

Nos encontramos en un momento en el que no solo se podría zanjar el problema de una manera inteligente, sino que podría aprovecharse para que los crackers vieran muy limitadas en España sus posibilidades de actuación. Y lo que es más, los bancos, esas pequeñas empresas llenas de deudas a las que hay que estar inyectando dinero cada cierto tiempo, apoyarían sin duda el cierre o bloqueo de sitios de phishing.

Al final de todo esto, siempre se nos olvida la parte más importante. No, no son los músicos. Ni el ministerio, ni los bancos ni los crackers, ni los expertos convocados a una reunión. En el fondo de todo este problema están los usuarios. Aquellos pequeños pagadores de líneas ADSL lentas y con fallos que ven amenazados sus sistemas con problemas de seguridad tan graves como las pérdidas de ingresos por descargas ilegales.

Hackers

Usuarios que sufren el spam, el phishing, el robo de identidad…. Y los fabricantes de soluciones de seguridad luchando para que el sangrado económico de los usuarios sea menor. ¿Somos los únicos a los que nos preocupa la seguridad de los usuarios? No quiero creérmelo.

Son los usuarios de los que hay que hablar. De su seguridad, además de la seguridad de los derechos de autor. Si pensamos en la cantidad de cuentas corrientes crakeadas por ciberdelincuentes impunes desde servidores que permanecen abiertos y sin bloquear durante meses y en los problemas a los que se enfrentan los usuarios con los bancos,  la cosa seguro que cambiaría.

Es posible que a algún ministerio o gobierno le venga bien, en algún momento, proteger el mundo digital de sus ciudadanos. ¿Se ha parado alguien en el gobierno a pensarlo? Me explico: solo quiero que se garanticen los derechos de autor de los músicos y directores de películas, por supuesto…

Fernando de la Cuadra, director de Educación de Ontinet.com

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