Facua pide a la fiscalía que investigue a Apple por sabotaje informático

Los ecos del escándalo originado por la decisión de Apple de ralentizar sus modelos de iPhone más antiguos cuando la batería del terminal baja su rendimiento no acaban de apagarse. Días después de conocerse que se han interpuesto varias demandas contra la empresa en Estados Unidos e Israel, la asociación francesa encargada de luchar contra la obsolescencia programada, HOP, denunció a Apple por el mismo motivo. Esto ha dado como resultado que la fiscalía francesa abra una investigación a la compañía, algo que puede repetirse en España. La asociación de consumidores Facua ha decidido poner una denuncia ante la Fiscalía contra Apple, solicitando que se investigue si la empresa llevó a cabo prácticas constitutivas de delito al hacer que los iPhone funcionen más lento a propósito y sin avisar. Todo, según plantean, para conseguir que los propietarios de estos terminales los sustituyesen por otros nuevos.

Tal como aseguran desde esta asociación, estos hechos podrían ser considerados delictivos. Facua apunta a que Apple podría haber cometido, entre otros, un delito contra los consumidores, que aparece tipificado en el Código Penal. En concreto, entre sus artículos 278 y 286. Además, según aseguran, también podría haber cometido el nuevo delito de sabotaje informático. Este delito figura en el Código Penal desde el año 2015.

Aparte de anunciar su denuncia, Facua aprovecha el comunicado en el que lo hace para criticar que hasta el momento, ninguna de las entidades autonómicas de protección al consumidor que operan en las comunidades autónomas españolas haya anunciado que tomará medidas ante las irregularidades de Apple. Y que tampoco lo ha hecho la división del Ministerio de Sanidad correspondiente, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y nutrición (Aecosan).

La organización también recuerda que es habitual que ante los fraudes masivos, las administraciones se comporten de manera pasiva. No tiene por qué ser así, puesto que según la organización, «las comunidades autónomas tienen competencias para imponer multas proporcionales ante las dimensiones de las irregularidades cometidas. En cuanto al Ministerio, que ni siquiera ha instado a Apple a compensar económicamente a los afectados, puede emprender actuaciones judiciales ante un caso de fraude, algo que no ha hecho ni ante éste ni ante otros casos de envergadura«.

Mientras, Apple ha pedido disculpas a los propietarios de los terminales afectados y ha rebajado el precio del cambio de la batería de sus smartphones más antiguos, hasta dejarla en 29 euros. Pero para Facua, esta medida es claramente insuficiente, ya que como consecuencia de la introducción de un algoritmo en la versión 10.2.1 de iOS que reduce la potencia de los terminales a medida que se va degradando la batería, su rendimiento se verá reducido.