Alto cargo del gobierno alemán pide poner a Twitter bajo supervisión de la Comisión Europea

Un funcionario alemán de alto nivel pidió a finales de la semana pasada, según Reuters, que Twitter pasase a esta controlado directamente por la Comisión Europea, tal como ya se ha hecho con otras grandes tecnológicas, debido a que sus medidas erráticas después de pasar a ser propiedad de Elon Musk son una amenaza para la libertad de expresión.

El que ha hecho esta petición es Sven Giegold, Secretario de estado de políticas de competencia del Ministerio de economía de Alemania. Giegold ha dado como razones para esta petición la suspensión repentina de varias cuentas de periodistas que hizo Elon Musk hace unos días, así como las restricciones que puso en la red social al acceso a algunos enlaces.

Giegold ha enviado una carta a dos comisarios europeos, en la que pide que la Unión Europea abra una investigación al respecto, y ha señalado que la Comisión debería actuar para prevenir lo que ha calificado de «comportamiento anticompetitivo» de Twitter. También apunta que «términos generales y condiciones que cambian casi cada hora, justificaciones erráticas para restricciones amplias en enlaces y el bloqueo de periodistas amenazan la libertad de competencia y suponen un riesgo para la libertad de expresión, información y prensa«.

Desde la Comisión Europea confirman que han recibido la carta y que la contestarían en forma y tiempo debidos. Además, han añadido que están siguiendo de cerca los acontecimientos que se están dando en Twitter.

La compra de Twitter por parte de Musk, que ha señalado que dejará de ser el CEO de la red social cuando, literalmente, «encuentre a alguien lo bastante ingenuo para ocupar el puesto«, lleva meses envuelta en el caso y la polémica. No solo por la elevada cantidad que invirtió en la operación, 44.000 millones de dólares, sino también por cómo se ha comportado Musk después de tomar sus riendas. Más allá de las sucesivas oleadas de despidos de la gran mayoría de su plantilla, sus declaraciones, la eliminación de funciones como su área dedicada al envío de newsletter Revue, han despertado la indignación entre usuarios de la red social e instituciones y organizaciones de todo tipo.

Así, los cambios en la política de privacidad de Twitter efectuados por Musk en este mes de diciembre, y la suspensión y posterior reinstauración de las cuentas de varios periodistas si borraban determinados tweets, han despertado la indignación y la condena de numerosas organizaciones dedicadas al periodismo, así como de grupos de activistas y funcionarios y cargos de la UE.

El Gobierno del Canciller de Alemania, Olaf Scholz, ya había señalado hace unas semanas que estaba controlando el desarrollo de los acontecimientos en la red social con preocupación creciente. Y los reguladores alemanes ya están presionando a las instituciones gubernamentales para que dejen de anunciar sus novedades y de ofrecer información exclusivamente a través de plataformas privadas, explorando para ello otras alternativas, como la red social descentralizada Mastodon.

Según las nuevas normativas sobre mercados digitales de la Comisión Europea, esta asumirá la supervisión de las grandes plataformas, como Facebook y Google, según Giegold, pero «no obstante, Twitter no está clasificada todavía como una plataforma digital dominante, también porque las ventas de la empresa son aún demasiado bajas. Pero Twitter ejerce una gran influencia en la formación de opinión en todo el mundo, y también, por tanto, en Europa«.

Por su parte, la Comisión Europea ha asegurado que estaba trabajando con rapidez en la implementación de las nuevas regulaciones sobre mercados digitales, señalando que «en lo que respecta a Twitter y los últimos acontecimientos, el poder de las grandes plataformas sobre el discurso público necesita salvaguardas para que los derechos fundamentales queden protegidos de manera efectiva«.

Haciéndose eco de lo que destaca Giegold, la Comisión ha dicho también que algunas empresas podrían clasificarse como «guardianes» de información, y por tanto quedar afectadas por las nuevas regulaciones de la Comisión, «con base en una valoración cualitativa, incluso si no llega a los datos cuantitativos necesarios para ello«.