La UE acuerda poner en marcha nuevas normas de protección contra el fraude

Los estados miembros de la UE se han puesto de acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento sobre servicios de pago (PSR) y la Tercera Directiva sobre servicios de pago (PSD3), con el objetivo de armonizar los servicios de pago y poner en marcha nuevas normas que obliguen tanto a las entidades bancarias como a otros proveedores de servicios de pagos a mejorar la protección de sus clientes contra el fraude, así como de las cuotas ocultas y de las filtraciones de datos.

Se trata de un conjunto de normas que harán que los proveedores de servicios de pagos tengan que hacerse cargo de cubrir las pérdidas de los clientes si no ponen en marcha mecanismos adecuados de prevención contra el fraude. Además, les obligará a congelar y frenar las transacciones sospechosas.

La normativa se aplicará a servicios de pago prestados por bancos, oficinas de correos y entidades de pago, así como a los proveedores de servicios técnicos que prestan apoyo a los servicios de pago. En algunos casos, también a los proveedores de comunicaciones electrónicas y a las plataformas online.

Los proveedores de servicios de pago tendrán que comprobar que el nombre e identificador único del beneficiario de las transacciones coinciden, y en caso de discrepancias, deberán rechazar la orden de pago e informar al pagador. Estos proveedores también tendrán que garantizar una autenticación sólida de los clientes y realizar una evaluación de riesgos.

Si un estafador inicia o modifica una transacción, se considerará una transacción no autorizada, y el proveedor del servicio de pagos será responsable del importe total fraudulento. Además, el proveedor receptor de los pagos tendrá que congelar cualquier transacción que le resulte sospechosa.

Para proteger a los clientes del fraude por suplantación de identidad, en el que un estafador se hace pasar por un empleado del proveedor de servicio de pagos y engaña al cliente para que apruebe un pago, el proveedor tendrá que reembolsar el importe total, siempre que el cliente denuncie el fraude a la policía e informe a su prestador de servicio de pagos.

Las plataformas online serán responsables ante los proveedores de servicios de pago que hayan reembolsado a los clientes estafados si se les informa de la existencia de contenido fraudulento en su plataforma y no lo eliminan, lo que refuerza la Ley de Servicios Digitales.

Los anunciantes de servicios financieros tendrán que demostrar a las grandes plataformas online y a los motores de búsqueda que están autorizados legalmente, u oficialmente exentos, en el país que quieran ofrecer servicios, o en el que están anunciando en nombre de alguien que lo está haciendo. Los clientes tendrán que estar informados de todas las tarifas, como las comisiones por retirada de efectivo en cajeros o por conversión de divisas, antes de iniciar un pago.

Además, los servicios de pago tendrán que garantizar mejor acceso al dinero en metálico en zonas rurales y remotas, para lo que las tiendas de venta al por menor podrán ofrecer retiradas de efectivo hasta un máximo de 150 euros y un mínimo de 100, sin que el cliente tenga que comprar nada.

Las entidades y servicios de pagos tendrán que asegurar el acceso a una atención al cliente prestada por humanos y no limitarla a chatbots, y será obligatorio que los países de la región destinen recursos públicos a informar y educar a la población sobre cómo pueden evitar los fraudes. Eso sí, el acuerdo que han alcanzado los países de la UE y el Parlamento Europeo tendrá que ser adoptado de manera formal tanto por este último, como por el Consejo, antes de entrar en vigor.