El Gobierno ofertará plazas para IA, ciberseguridad y ciencia del dato en su oferta de empleo público

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2026, que cuenta en total con 27.232 plazas, entre las que según Europa Press hay 1.700 plazas para especialistas en TI, un 42% más que en 2025.

Tal como ha detallado el Ministro para la Transformación Digital y de Función Pública en la rueda de prensa posterior a dicho Consejo de Ministros, Óscar López, se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo por primera vez de captar especialistas en IA, ciberseguridad y ciencia del dato, con plazas específicas para ello. En total, las plazas convocadas este año para dicho cuerpo aumentarán un 200%.

Según López, España está en la actualidad 7 puntos por encima de la media de la UE en la digitalización de la Administración Pública, y el Gobierno se ha fijado como objetivo digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración.

Con esto presente, el Gobierno va a constituir una alianza por el talento STEM para mejorar la competitividad de la oferta pública, así como para asegurar la cobertura de vacantes. Con respecto a la capacitación digital, López ha confirmado también que el plan de competencias digitales en la Administración Pública integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, además de fortalecer las competencias digitales de todos los empleados públicos.

Por otra parte, con el fin de aumentar la cobertura de plazas en algunos procesos selectivos, la oferta de empleo público de 2026 incluirá la obligatoriedad para los centros gestores de realizar un informe de diagnóstico y con medidas de adaptación para las pruebas, agilización del proceso, comunicación y captación de talento si la cobertura en la última convocatoria ha sido menor del 75%.

También se monitorizarán los procesos selectivos para que no se alarguen más de un año desde que se publica la convocatoria, y se seguirá avanzando en la descentralización de las pruebas, que se realizarán en varias sedes repartidas por todo el territorio.