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La fundación detrás de LibreOffice cuestiona a gobiernos y empresas por la caída de Microsoft 365
La interrupción que dejó fuera de juego a Microsoft 365, muy grave por su afectación global a más de 70 países y el tiempo que la firma de Redmond tardó en recuperar los servicios (24 horas), sigue coleando. The Document Foundation, la organización que gestiona el desarrollo de la suita ofimática LibreOffice, exige explicaciones a políticos, funcionarios y responsables que -a su juicio- vincularon administraciones, servicios públicos y organizaciones enteras, junto a una buena cantidad de dinero de los contribuyentes, a un único proveedor de software de productividad.
La batalla de TDF contra Microsoft viene de muy lejos, casi desde la normalización como estándar de los formatos de documentos OOXML que usa Microsoft. El reconocimiento de OOXML como estándar por la organización ISO fue un proceso ampliamente discutido y 20 años después TDF y otros ponen en duda su legitimidad. El argumento es conocido: aunque OOXML técnicamente se convirtió en un estándar, siempre fue una especificación de formato propietario de Microsoft y no un estándar abierto verdaderamente neutral respecto del proveedor.
Al hilo de ello, una pregunta persiste desde hace años. ¿Deben usar software de código abierto las administraciones públicas? Los defensores del Open Source han señalado que el software libre es una opción natural para cualquier gobierno u organización que requiera soluciones basadas en estándares abiertos, interoperabilidad y componentes reutilizables, así como la única vía para evitar la dependencia de un solo proveedor y conseguir la soberanía digital, de plena actualidad en regiones como la europea.
La caída de Microsoft 365 y las preguntas del responsable de LibreOffice
TDF ha compartido una lista de preguntas directas dirigidas a las administraciones públicas afectadas. Estas mismas preguntas se aplican a cualquier organización que dependa de Microsoft 365 para su funcionamiento diario y se haya visto comprometida. Según las fuentes citadas por TDF, la interrupción dejó algunos de los servicios más populares de Microsoft inaccesibles o con un rendimiento deficiente en al menos 70 países durante casi 24 horas. Entre las organizaciones afectadas se encontraban parlamentos, tribunales, fuerzas policiales, autoridades locales, servicios de salud y otras muchas, además de las miles de empresas privadas que usan la suite.
The Document Foundation aprovecha el caso y tira a la yugular de Microsoft con una serie de preguntas que cuestionan el uso de formatos y servicios propietarios, las consecuencias de la dependencia de un solo proveedor, la falta de planes de contingencia ante fallos como el de Microsoft 365, el dinero público gastado y también la responsabilidad en la toma de decisiones de todo ello:
Impacto
- ¿Qué servicios de su administración se vieron interrumpidos o ralentizados durante la interrupción del servicio y durante cuánto tiempo?
- ¿Qué actividades se pospusieron o cancelaron como consecuencia de ello, tales como citas médicas, audiencias judiciales, trámites administrativos y trabajo parlamentario?
Preparación
- ¿Se incluyó la indisponibilidad de los servicios de un único proveedor como un escenario en su evaluación de riesgos antes del 12 de noviembre?
- ¿Qué planes de contingencia existían para el correo electrónico, los calendarios, el acceso a documentos y la autenticación de usuarios? ¿Cuándo se probaron por última vez y con qué resultado?
- ¿Publicarás esos planes?
- ¿Qué canales de comunicación se utilizaron mientras el correo electrónico no estaba disponible? ¿Quién los autorizó y quién es responsable de la protección de los datos personales y confidenciales que se transmitieron a través de ellos?
Funciones críticas
- ¿Qué funciones clínicas, como las derivaciones, las recetas y la programación de citas, dependen de los servicios de correo electrónico y calendario de un único proveedor? ¿Cuáles de ellas cuentan con una alternativa que no dependa de ese proveedor?
- ¿Qué procedimientos judiciales dependen de los mismos servicios y cuáles cuentan con un sistema de respaldo independiente?
Adquisiciones
- ¿Cuánto dinero público se gastó en licencias de Microsoft y servicios en la nube en cada uno de los últimos cinco años?
- ¿Cuánto dinero público se gastó en software de código abierto y soluciones de estándares abiertos durante el mismo período?
- ¿Sus licitaciones requieren portabilidad de datos, formatos de documentos abiertos y una estrategia de salida probada? Si no es así, ¿cuál es el motivo?
- ¿Sus contratos contemplan penalizaciones o compensaciones por incumplimiento de los estándares de servicio en caso de interrupción? ¿Se ha presentado alguna reclamación?
- Según sus contratos actuales, ¿quién decide cuándo su administración recupera el acceso a sus propios documentos y comunicaciones?
Seguimiento
- Los informes parlamentarios y gubernamentales ya habían identificado la dependencia de un pequeño número de proveedores extranjeros como una vulnerabilidad estratégica. ¿Qué decisiones de contratación pública se modificaron como consecuencia de ello?
- ¿Se compromete a realizar una auditoría pública de sus dependencias con proveedores, que deberá completarse en una fecha determinada, con una persona responsable designada y una partida presupuestaria específica?
TDF termina el cuestionario respondiéndose a sí misma: «Durante veinte años propusimos respuestas a estas preguntas a políticos y funcionarios públicos. Nos recibieron con sonrisas… Ante la interrupción del servicio, les preguntamos si están dispuestos a escuchar. Nuestras respuestas propuestas no incluyen nombres de empresas ni productos. Se basan en dos conceptos: software de código abierto y formatos de documentos estándar abiertos«.
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