Google pierde su apelación en Francia y tendrá que pagar 150 millones por abuso de poder

Google ha perdido la apelación que presentó ante un tribunal francés en 2019 después de que la entidad encargada de la vigilancia del monopolio en el país le impusiese una multa por abusar de su posición en el mercado publicitario. Ahora tendrá que pagar la multa de 150 millones de euros, lo que podrá hacer sin grandes esfuerzos, puesto que según sus últimos resultados, equivale a unas 20 horas de los beneficios que consigue la empresa.

Según The Register, cuando le impuso la multa, el regulador francés criticó a Google por «adoptar normas de operación opacas y de comprensión difícil para su plataforma de publicidad Google Ads, y aplicarlas de manera injusta y caótica«. La investigación a la empresa comenzó cuando Gibmedia, una compañía francesa, se quejó de que quedó bloqueada para ejecutar publicidad a través de Google Ads sin recibir ningún aviso de ello. Google alegó que Gibmedia rompía sus normas intentando convencer a la gente de suscribirse a servicios con cuotas de suscripción deshonestas. Y a día de hoy, sigue manteniendo su acusación.

Pero las cosas no van del todo mal para Google en los tribunales franceses. Aunque tendrá que pagar esta multa, ha conseguido revertir dos mandatos emitidos por el regulador. Uno estaba relacionado con la implementación de una herramienta que facilitaría a los ciudadanos franceses quejarse por Google Ads, y el otro pedía a la compañía publicar un informe anual que detallase cuántas páginas web había suspendido y las reglas de publicidad que habían quebrantado para tomar esa decisión. Ya no tendrán que hacerlo.

Eso sí, en relación a sus normativas de Google Ads en Francia, según ha declarado un portavoz de Google, «en línea con la decisión original de la FCA ya hemos hecho algunos cambios para hacer que estas políticas sean más claras, y ahora estudiaremos la decisión del tribunal en detalle para valorar los próximos pasos a dar«.

La compañía ha eliminado su política de venta de productos gratuitos, que prohibía a los vendedores anunciar productos gratis con costes ocultos. También ha actualizado una norma para dejar claro que los vendedores no pueden servir publicidad promocionando materiales o servicios que se pueden obtener de manera directa de un proveedor gubernamental o delegado, lo que sucede con la solicitud o renovación de pasaportes o con la obtención de licencias para actividades como la pesca o la posesión de armas.