Google deberá pagar una multa de 379 millones de euros por rastrear de forma ilegal la ubicación de sus usuarios

Jamás estamos solos si llevamos con nosotros, nuestros teléfonos inteligentes. Nos encontramos sometidos a un rastreo continuo. Sin embargo, la cuestión es: ¿cuál es el límite? La ´fiebre por la privacidad de los datos´ que se expande como un mantra por EEUU ha llegado a un punto de inflexión con una reciente multa, calificada ya como histórica, contra Google por parte de la friolera de 40 estados. ¿La razón? Éstos acusan al gigante tecnológico de rastrear de forma ilegal la ubicación de sus usuarios.

Al fiscal encargado del caso, perteneciente a la fiscalía general de Connecticut, no le ha temblado el pulso y le ha dado la razón a estos estados. Google deberá pagar una multa de algo más de 391 millones de dólares, o lo que es lo mismo unos 379 millones de euros. Se trata así del mayor pago en la historia de EEUU por parte de una empresa privada ante una demanda de este calibre.

Y es que, según información recogida por la fiscalía en una investigación abierta desde 2018, Google estuvo recopilando información sobre la ubicación de consumidores que ¡ojo! habían expresado con anterioridad que no querían ser `espiados´. Según el juez, los datos de ubicación es uno de los tipos de información más sensible y a la vez más valiosa que recopila Google, sobre todo con fines comerciales.

Google dice que será más transparente

William Tong, fiscal general del estado, ha afirmado: “Esa es una invasión inaceptable de la privacidad del consumidor y una violación de la ley estatal”. Mientras que el de Iowa subrayó que “cuando los consumidores toman la decisión de no compartir los datos de ubicación de sus dispositivos, deberían poder confiar en que la empresa ya no rastreará sus movimientos”. Sin embargo, Google ha priorizado las ganancias sobre la privacidad de los usuarios, tal y como critican las voces más críticas.

Google lo que hacía era usar esos datos para crear perfiles de usuarios detallados y a posteriori, orientar anuncios a los consumidores. Éstos recibían publicidad cercana y relevante para captar su atención, aunque éstos habían dejado claro que no querían recibir dicha publicidad, en ocasiones, encubierta a modo de sugerencias y en ocasiones no tan perceptible a simple vista como anuncios publicitarios reales.

En su decisión, la fiscalía ha instado ya no solo a Google si no al resto de empresas que “deben ser transparentes (…) y cumplir con las leyes de privacidad”. La multinacional pagará esa prominente multa para no ir a juicio y, a parte, se ha comprometido frente al juez a ser más transparente. Para ello, mostrará a los usuarios siempre que activen o desactiven una configuración de cuenta relacionada con la ubicación. También la información clave sobre el seguimiento de la ubicación no estará oculta para los usuarios. Y, además, proporcionará explicaciones a través de una web sobre los tipos de datos de ubicación que recopila y cómo y con que fin se utilizan.

En la resolución, la investigación ha dejado claro que “Google violó las leyes estatales de protección al consumidor”, al menos, desde el 2014. Cabe recordar, que la tecnológica, tuvo unos ingresos de 110.000 millones de dólares por publicidad en el primer semestre de este año, eso es más que cualquier vendedor de anuncios online. En el último trimestre, sumó otros 54.482 millones de dólares.

No es el único disgusto sancionador para Google este año. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, al otro lado del charco, una resolución definitiva por parte del Tribunal General de la Unión Europea dio la razón a la Comisión Europea en una controversia de ésta con Google en unos hechos que también se remontaban a 2018. Esta vez con la firma por parte del gigante tecnológico de supuestos contratos ilegales con los fabricantes de Android y que desoían por completo las reglas fijadas en la ley antimonopolio europea. Google quedaba obligada a pagar finalmente la multa impuesta en el juicio que asciende a 4.125 millones de euros.