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¿Qué está haciendo el Gobierno para proteger los datos de los ciudadanos españoles?

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A raíz del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalida el acuerdo Safe Harbor entre América y Europa, que permitía el intercambio de datos entre estos dos continentes. Gracias a este acuerdo, empresas estadounidenses, como Microsoft, Google, Amazon o Facebook, podían transferir datos de usuarios desde sus servidores europeos a sus sedes en América sin el control de las políticas de privacidad de la UE.

Según el departamento de Comercio, es “profundamente decepcionante” esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Lo que es profundamente lamentable es que el gobierno americano todavía no crea en los derechos de los ciudadanos europeos a mantener su intimidad” –comenta Román Martín, director general de Interbel, expertos en correo electrónico desde hace 18 años. ”Es un tema de principios, ética, valores y legalidad, y el gobierno español actual no está haciendo nada para protegernos”.

Interbel, junto con el despacho de abogados Derecho.com, está elaborando una petición formal a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) para conocer cómo va a reforzar la protección de nuestros datos.

Hospitales, clínicas, abogados, notarios, ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, son algunos de los sectores que deben tener un nivel de seguridad de protección de datos máximo, para que nuestros datos sensibles, como historiales médicos, denuncias, datos personales, no puedan salir de nuestra jurisprudencia.

“Mientras siga existiendo la Patriot Act, la NSA podrá entrar a ver, cuando le apetezca, mis datos clínicos, si esa información está en Google o Microsoft”, prosigue Román Martín. “La AGPD debería supervisar con urgencia, que ningún hospital o clínica esté usando Office365 o Gmail, para garantizar la utilidad de sus clientes”.

Según dicta la LOPD, el usuario, cliente o paciente de una empresa o institución, aun habiendo firmado un pacto de protección de datos, si descubre que sus datos personales han salido de la Comunidad Europea, tiene el derecho de interponer una denuncia contra la empresa o institución, por no cumplir con la Ley de Protección de datos Española, ni directrices europeas, ya que sus datos personales habrían llegado a terceros países (incluido EE.UU.) sin previa autorización. La empresa, o institución, denunciada podría ser sancionada con una multa de hasta 300.000€.

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