Gobierno obligará a cuentas en redes sociales con más de 100.000 seguidores a rectificar información falsa

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que amplía la obligación que tienen los medios de comunicación de publicar rectificaciones y correcciones a noticias falsas, o inexactas, también a los influencers y cuentas en redes sociales que tienen más de 100.000 seguidores en una cuenta, o superan las 200.000 entre todas las cuentas que posean en este tipo de plataformas. La medida se ha tomado con la intención de combatir la desinformación y la expansión de las noticias falsas que causan perjuicio a los particulares.

La popularidad de las redes sociales en los últimos años ha hecho que usuarios con malas intenciones puedan llegar a audiencias muy numerosas, que en no pocos casos son superiores a las que tienen algunos medios de comunicación convencionales. Esto preocupa por la capacidad que tienen de difundir noticias incorrectas, falsas o inexactas, con diversos fines. Esta medida intenta poner freno a su actividad de difusión de fake news.

Este anteproyecto sustituye a leyes aprobadas en 1984, y según el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las cuentas que superen las cifras mencionadas tendrán que publicar rectificaciones de la información difundida si lo solicitan las personas o entidades afectadas por las mismas. Asimismo, las plataformas y redes sociales tendrán que tener los mecanismos necesarios para facilitar a los ciudadanos a pedir que se hagan estas correcciones públicamente.

Además, las peticiones de rectificación no tendrán que ir dirigidas, como sucede con los medios convencionales, al director de los medios que superen estas cifras, porque en muchos casos se trata de lo que han calificado como «pseudomedios», y es complejo verificar la identidad de quienes están detrás de ellas. Con ello, Bolaños ha destacado que quieren complicar las cosas a los que se dedican a expandir mentiras y noticias falsas a diario.

La iniciativa es la cuarta medida del Plan de Acción para la Democracia del Gobierno de España. En concreto, es su medida 2.4.2, y forma parte de la línea de acción del Gobierno centrada en mejorar la calidad del debate público, además de reforzar los derechos fundamentales a la libertad de información y al honor. Además de extender el ámbito de aplicación de la norma previa, la norma señala que la difusión de la rectificación debe ser íntegra, y hacerse con una relevancia semejante a la que tuvo la publicación original.

Asimismo, será obligatorio incluir un aviso de que la información ha sido. rectificada en plataformas y medios digitales, además de tener que enlazar la rectificación y la información original. El anteproyecto aprobado refuerza también los derechos de las personas con discapacidad, y amplía los sujetos cuyos familiares hayan fallecido y a los que les afecte una información.

Por último, queda ampliado el plazo para solicitar rectificaciones, que pasa de siete a diez días. La difusión de la rectificación debe ser además completamente gratuita. Tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasará a una fase de consultas antes de ser enviado al parlamento para su aprobación y convertirlo en ley.