Los beneficios del Open Data aplicados en el entorno de las administraciones públicas

El austriaco Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX, afirmaba que “la nueva tecnología de la información, internet y el email, prácticamente han eliminado los costes físicos de la comunicación”. Una máxima que bien nos recuerda al leitmotiv de un concepto que, poco a poco, se va incorporando cada vez con más fuerza en nuestro día a día, el Open Data.

Una práctica que persigue que determinados datos (muchos), estén disponibles para todo el mundo y sin barreras. En este caso ya no físicas, si no a modo de exención de derechos de copyright u otras formas de control similares. El Open Data persigue de hecho eso, que los datos se publiquen sin procesar, en bruto, estructurados y en formatos que puedan ser usados por todo el mundo. He aquí, cuando juega un papel importante la administración pública.

A estas alturas, nadie pone en duda que la reutilización de los datos del sector público es un elemento que cada vez cobra mayor importancia en las diferentes estrategias de Open Data y Open Government. Desde la propia Unión Europea, se están impulsando políticas de reutilización de los datos debido a dos grandes beneficios: por un lado, como dinamizadores de la economía digital y, por otro, como pilares en la transparencia democrática tan necesaria por parte de las instituciones.

Datos abiertos, mejores servicios al ciudadano

Durante años, e incluso hoy en día, gran parte de la población ha tenido la sensación de que hay millones y millones de datos que esconden las administraciones públicas y no se comparten con el ciudadano. No se trata de compartirlo todo, por supuesto, pero hay información concreta, datos específicos que de conocerse podrían reutilizarse para mejorar la vida y los negocios de las personas.

De hecho, el Open Government abarca tres pilares vitales: la transparencia, la participación ciudadana y, cómo no, el Open Data. Lo que se busca es que todos esos datos de los que dispone la administración pública y que, por ende, son de dominio público, puedan ser utilizados por los ciudadanos y las empresas para la generación de relaciones comerciales, nuevos negocios, mejores servicios a los usuarios… Eso sí, cabe destacar que cuando hablamos de Open Data jamás se habla de datos personales o de información sensible y de carácter personal. El Open Data siempre tiene unos límites, y éstos vienen marcados por las leyes europeas de protección de datos y de seguridad nacional.

Aunque en la teoría pueda parecer fácil, el abrir los datos y compartirlos dado los beneficios que puede generar el Open Data, en la práctica no es del todo sencilla. La administración pública debe seguir una estrategia y una organización bien planificada, tener claro qué datos de los que dispone se pueden abrir y, una vez planificado todo, hacerlo en base a unos estándares definidos para ello.

Según un informe de la firma de software en la nube DOMO, cada persona en el mundo genera 1,7MB de datos por segundo. Y todo apunta a que la cifra, gracias a las nuevas tecnologías y las numerosas redes sociales, no dejará de aumentar a corto plazo. Es importante que, con esta sobredimensión de datos, se ponga en valor la calidad, validez y veracidad de los mismos.

Y en este caso, las administraciones públicas disponen de datos muy relevantes que pueden aportar gran valor a las empresas e incluso de cumplir una función pública con la ciudadanía. De hecho, este fue el tema principal del evento e-Governance Conference celebrado en 2017 en Tallin (Estonia) donde no solo se avanzó sobre la necesidad de una verdadera transformación digital en la administración pública, si no que se habló en clave internacional sobre los beneficios del Open Data por parte de éstas hacia los usuarios.

Dos grandes retos del Open Data

Qué duda cabe que dentro de esa enorme cantidad de datos, es la administración pública la que ofrece una mayor cantidad de información relevante y de interés. Ésta puede ser desde económica, social, climatológica, geográfica, estadística, educacional, turística o sobre empresas, entre otras. Y lo mejor es que es también la más fiable y la de más calidad, lo que convierte al Open Data en este caso en una oportunidad de oro para aplicar dicha información en beneficio del ciudadano.

Sin embargo, hay dos retos esenciales en los que aún se deben trabajar y que son fundamentales para que el Open Data evolucione con criterio y con un sentido concreto. Su acceso y su seguridad. En el primero de los casos, una vez se haya identificado que datos abrir es esencial que éstos se presenten de una manera ágil y fácil para el ciudadano. Que todo el mundo pueda acceder a esos datos de la misma forma y que éstos se presenten de una forma muy fácilmente interpretables.

Y por otro, cómo no, la ciberseguridad de los mismos. Como su propio normal indica, los datos abiertos son evidentemente públicos pero también las amenazas que se esconden agazapadas en la red son cada vez mayores. ¿Cómo poder aunar estos dos conceptos antagónicos? Más datos públicos y mayores amenazas tecnológicas.

Aquí las administraciones públicas deben poner especial énfasis en la ciberseguridad -ya no solo con motivo del Open Data- si no en su propio día a día. Por tanto, dependiendo de las diferentes arquitecturas que se estén utilizando para abrir estos datos, la ciberseguridad debe ser la adecuada para proteger la integridad de dichos sistemas, debidamente controlados y gestionados. Una seguridad, por tanto, que debe estar siempre presente en todo el proceso: desde la gestión de la información hasta su disposición al usuario final.

Según el informe “Analytical Report 12: Business-to-Government Data Sharing ”, publicado por el European Data Portal, encargado de analizar el suministro de datos del sector privado a organismos públicos, “el intercambio de datos es un facilitador clave del crecimiento, el empleo y la competitividad para Europa, así como para el Mercado Único Digital previsto por la Unión Europea. Reutilizar datos puede ahorrar costes, tiempo y vidas”. En nuestro país, según fuentes oficiales, ya hay numerosos proyectos en marcha sobre Open Data, en concreto unas 293 iniciativas que han sido impulsadas tanto por la Secretaría de Estado para el Avance Digital como por la Secretaria General de Administración Digital. De éstas, 42 se desarrollan en el ámbito de las administraciones del Estado, 225 en administraciones locales, 17 en administraciones autonómicas y 9 en universidades.

En definitiva, teniendo tantos y tan valiosos datos, ¿por qué no aprovecharlos? Este es el objetivo del Open Data aplicado en el entorno de las administraciones públicas, el permitir que cualquier ciudadano o empresa, independientemente de su sector, pueda construir sobre gracias a ellos una nueva idea que, de por sí, aporte nuevos datos, conocimientos, cree nuevos servicios, mejore procesos y ofrezca un valor añadido a los existentes para el beneficio de todos.