La Administración desde dentro: retos digitales hasta 2020

El Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas reza lo siguiente: «Los profundos cambios que se están produciendo en la sociedad a raíz del desarrollo intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, están provocando igualmente cambios en la forma en que las Administraciones Públicas prestan sus servicios y se comunican con la ciudadanía».

Los nativos digitales no son conscientes de que el mundo no siempre fue así. Incluso muchos inmigrantes digitales hemos empezado a perder la perspectiva y se nos olvida, asimismo, que no siempre hubo cloud computing, ni una wikipedia con la que alimentar nuestras ansias de conocimiento de manera inmediata y ubicua. Así, podemos destacar tres etapas bien diferenciadas en el acceso a la información.

La primera de ellas sería el paso de la cultura oral a la escrita. Podemos encontrar ejemplos de escritura hace 10.000 años a través de grabados en arcilla donde se imprimían símbolos sencillos para la llevanza de los bienes y las reses. Unos miles de años después, los sumerios (en torno al 4.000 a.C.) desarrollaron lo que hoy conocemos como escritura cuneiforme. En paralelo, los egipcios desarrollaron su bien conocida expresión jeroglífica. Tuvieron que pasar varios miles de años hasta que los griegos, sobre el siglo VIII a.C., desarrollaran el alfabeto con 24 letras, que representaban tanto consonantes como vocales. Esto provocó un nuevo acceso a la información al existir un soporte físico estable y perdurable (el conocimiento podía ser almacenado y recuperado al alcance de un mayor número de personas).

La segunda etapa sería, sin duda, la imprenta de Guttenberg, que permitió que la lectura pudiera ser accesible masivamente y no sólo relegada a unas pocas castas privilegiadas. Se estima que en 50 años tras la imprenta, se produjeron tantas copias como en los 1.000 años anteriores (mediante el esfuerzo de los escribas).

La tercera etapa es la actual (desde finales del siglo XX hasta nuestros días) mediante la incorporación masiva de las TIC. Internet ha supuesto una plataforma sumamente democratizadora en tanto que permite poner la información a disposición de cualquier persona de modo ubicuo y a un coste asequible.

La Administración no ha permanecido ajena a esta revolución tecnológica

La Administración ha sufrido un proceso de transformación digital en donde el acceso electrónico ha sido un elemento capital. Tuvo un primer catalizador con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Con ella, nacía un nuevo derecho, el del acceso electrónico, de tal manera que el ciudadano podía comunicarse con la Administración a través de medios telemáticos. Es cierto que antes se podían realizar ciertos trámites on-line. Grandes organismos, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o la Seguridad Social, que son punta de lanza tecnológica, tenían a bien poner a disposición del ciudadano parte de sus servicios accesibles mediante internet: por ejemplo, la presentación del borrador de la declaración de la renta. ¿Qué novedad aportaba la Ley 11? La obligatoriedad de prestar los servicios electrónicamente. Antes, ese mismo ciudadano podía acudir a otro organismo público y advertir desanimado que no era posible realizar los trámites por internet. A partir de la Ley 11, se obliga a las Administraciones Públicas a ofrecer todos sus servicios de manera electrónica o, al menos, a poder iniciar el trámite.

La velocidad con la que la tecnología transforma la realidad está obligando a que el legislador tenga que estar a la altura de las circunstancias y evolucionar con mayor celeridad. Tanto es así que unos pocos años después de su entrada en vigor (2007), la Ley 11 se encuentra a las puertas de ser derogada (el próximo 2 de octubre de 2016) y será sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que también, por cierto, fagocita la bien conocida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pilar del derecho administrativo hasta nuestros días.

Esta transformación digital abarca mucho más que el acceso electrónico. El gobierno está desarrollando una Estrategia TIC que oriente las grandes líneas de los próximos años. El Consejo de Ministros de 2 de octubre de 2015 aprobó el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado (AGE) en el que “establece los objetivos e iniciativas específicas a corto, medio y largo plazo para conformar una Administración ágil, eficaz, con un aprovechamiento óptimo de sus recursos y más cercana, para que los servicios públicos se adapten mejor a las necesidades reales de la sociedad y de una economía competitiva y emprendedora”.

Con esto, ¿cuáles son los cinco principios que la Administración digital perseguirá en el próximo quinquenio?

1. Incrementar la productividad y la eficacia en el funcionamiento interno de la Administración, como elemento de competitividad nacional.
2. Profundizar en la transformación digital de las Administraciones Públicas, convirtiendo el canal digital en el preferente para la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración, así como el medio idóneo para que los empleados públicos desempeñen sus labores, mejorando la calidad de los servicios prestados a aquéllos y la transparencia en el funcionamiento interno de esta.
3. Conseguir una mayor eficiencia en los servicios TIC comunes de la Administración, obteniendo sinergias por el uso de medios y servicios compartidos, que permita derivar recursos para la innovación y la ampliación de los servicios.
4. Implantar una «Gestión Corporativa Inteligente» de la información y los datos, que permita capitalizar ese activo mejorando la eficacia de la Administración y en beneficio de los ciudadanos, garantizando la protección de su identidad digital.
5. Adoptar una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los servicios públicos digitales para aumentar la confianza en ellos y fomentar su uso.

Sin duda, estamos ante una etapa llena de desafíos tecnológicos, normativos y éticos en el que podremos ir analizando la evolución de la Administración digital y constatando si nuestras vidas, sin duda más digitales, son, además, más prósperas. Si la primera década del siglo XXI supuso una auténtica revolución tecnológica, bien podríamos decir que la segunda no se quedará atrás. Tengan bien presente el 2020 como fecha final para la consolidación de una auténtica Administración Digital.

Javier González. Ingeniero en informática (UCM). Máster en Filosofía Teórica y Práctica con especialidad en lógica, historia y filosofía de la ciencia (UNED). Funcionario por oposición al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Jefe de servicio en la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Justicia. Autor del libro “ÉTICA DIGITAL” y del blog “Ética y Administración”. Twitter: @Etica_Admon. Facebook: Ética y Administración.