Google gana y el derecho al olvido solo se aplicará en Europa

La UE le da la razón a Google y el gigante tecnológico no estará obligado a «olvidar» más allá de las fronteras europeas. Así lo ha dictaminado el tribunal de justicia de la Unión Europea, que en su sentencia limita la aplicación del «derecho al olvido».

Merece la pena recordar en este punto que desde 2014 los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de este.

A raíz de la nueva sentencia, se dará la paradójica situación de que por ejemplo, un ciudadano austriaco que consiga ejercitar ese derecho en su país natal, solo tendrá que recorrer los pocos kilómetros que le separan de Suiza para comprobar cómo ese resultado que se había eliminado, vuelve a aparecer.

Por supuesto, esto también implica que aquellos usuarios que se conecten a Internet utilizando por ejemplo una VPN, tal vez puedan seguir consultando (dependerá del proveedor) esos resultados que no deberían aparecer.

Como hoy reflejan varias agencias de información, el caso se remonta al año 2015, cuando CNIL, el equivalente francés de nuestra AEPD solicita a Google que desindexe a nivel global y apelando al derecho al olvido, el resultado de una petición.

Al no obtener una respuesta positiva en este caso, ya que Google se niega a procesar esa petición, el CNIL impone una multa de 100.000 euros a los de MountainView. Google que está convencida de llevar razón, lleva al CNIL ante los tribunales de la UE y gana.

Pero pese a que el TUE en su sentencia le da la razón a Google, también le recuerda que debe seguir cumpliendo estrictamente con el «derecho al olvido» bajo sus dominios europeos, ampliando esta posibilidad a otros países que quisiera hacer suya esta directiva comunitaria.

En un reciente informe de Google se señala, más bien a regañadientes, que desde la entrada en vigor de esta directiva, el buscador a eliminado el 45% de los 3,3 millones de enlaces que se han incluido en las 845.000 peticiones que se han realizado.

En este sentido, en un artículo publicado hace poco menos de dos años, la compañía aseguraba que aunque respetaba la legislación europea, debería haber un equilibrio mucho más definido de lo que se considera información personal sensible y lo que es información de interés público y que ningún país debería tener derecho a imponer su legislación sobre la de ningún otro.