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La CNMC propone multar a Booking con 486 millones por competencia desleal
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha propuesto sancionar a Booking con 486 millones de euros. Se trata de la mayor sanción que impondrá la entidad en su historia, y con la que Booking, como era de esperar, no está de acuerdo. La compañía, que ha comunicado la propuesta de sanción de la CNMC durante su presentación de resultados correspondientes al último trimestre de su año fiscal 2023.
En el comunicado de presentación de estos resultados, se confirma que Booking ha reservado 530 millones de dólares en relación «con una decisión propuesta por la autoridad de competencia de España«, además de otros 276 millones de dólares relacionados con un asunto relacionado con el fondo de pensiones de Países Bajos. En ambos casos, estas cantidades se han excluido de los ingresos netos de la compañía, así como de su EBITDA ajustado.
Si finalmente se confirma la sanción, dato que se conocerá alrededor del próximo mes de julio, Booking contará la cantidad provisionada como pérdidas, aunque es muy posible que recurra para intentar reducir su cuantía todo lo posible.
Esta sanción tiene su origen en una investigación abierta por la CNMC en octubre de 2022, «por prácticas restrictivas de la competencia, que estimaban que podrían suponer un abuso de la posición de Booking.com con respecto a los servicios de intermediación que ofrecen diversas agencias de viaje en línea a hoteles. Este tipo de agencias es conocido como OTAs«.
En concreto, las prácticas investigadas por la CNMC consistirían en la imposición posible de condiciones no equitativas a los hoteles en España, así como la puesta en marcha de políticas comerciales que habrían podido provocar exclusiones sobre el resto de agencias de viaje online. También realizaron, presuntamente, estas prácticas con otros canales de venta online.
Además, lo investigado incluiría prácticas diseñadas para explotar la situación de dependencia económica de los hoteles situados en España con Booking.com. Esto sería considerado como un acto de competencia desleal, lo que podría afectar al interés público y falsear la libre competencia.
Esta investigación se abrió a raíz de dos denuncias que presentaron a la CNMC la Asociación Española de Directores de hotel y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Con estas denuncias como punto de partida, y con la información recogida por la entidad durante la fase de información reservada de la investigación, la CNMC consideró ya en la apertura de la investigación que había indicios racionales de prácticas anticompetitivas.
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