Cifrado y seguridad: ¿se acaba el plazo para el debate?

Evidentemente no es la peor, pero una de las nefastas consecuencias de los recientes atentados de la organización terrorista Estado Islámico ha sido dar un importante giro de tuerca a un debate, privacidad vs seguridad, que está abierto desde que Edward Snowden nos permitiera saber que toda nuestra vida digital había sido observada por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Hasta ese momento, la secreta colaboración de las tecnológicas con las autoridades había funcionando con la eficiencia de un reloj suizo, pero al ver éstas muy seriamente comprometida su imagen, dieron un rápido giro de 180 grados, anteponiendo desde entonces la privacidad de sus usuarios a los deseos de control por parte de las administraciones públicas.

Y así estaban las cosas, con declaraciones en contra de este tipo de medidas por parte de los principales actores de la industria, como Tim Cook hace sólo unas semanas, cuando de repente el viernes 13 de noviembre se nos heló a todos la sangre. Un grupo de asesinos tiñó de tragedia las calles de París (y las de todo el mundo civilizado, en realidad). Esa misma noche, ya se empezaron a escuchar las primeras voces que alertaban de que los asesinos podrían haber empleado móviles cifrados (algo que todavía no se ha confirmado) y, con ello, las voces que piden anteponer seguridad a privacidad (los dos extremos del eterno debate) crecieron en número y en tono.

Sin embargo, a día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no se plantea atacar el problema por la vía legislativa. La administración de Obama lleva tiempo hablando con las tecnológicas en busca de cualquier posible solución que sea satisfactoria para ambas partes. Pero, tal y como se indica hoy mismo en un artículo de opinión de Associated Press, eso podría cambiar rápidamente si, en algún momento, se produce un nuevo ataque que, esta vez, provoque víctimas estadounidenses. Ya sea este en su propio país, contra embajadas u otros órganos de representación o contra ciudadanos que se encuentren en cualquier lugar del mundo.

En tal caso, vaticinan los autores, lo más probable es que se acabe súbitamente el plazo para hablar y buscar soluciones y, seguramente de una manera apresurada y con errores, se aborde el problema por la vía legislativa. Es decir, que sean el Congreso y el Senado de los Estados Unidos los que terminen por aprobar un marco legal por el que las tecnológicas estén obligadas a mantener los medios técnicos para que las autoridades puedan acceder a la información cifrada de sus productos y servicios.

El problema, como menciona en el artículo Deborah Pearlstein, profesora de derecho en la Yeshiva University (Nueva York) es que aunque las preocupaciones de los defensores de ambos extremos en el debate son totalmente razonables, el momento inmediatamente posterior a un ataque de este tipo es el peor momento para intentar mantener un debate racional. Discutir «en caliente» no suele ser bueno si lo que se busca es el consenso, así que peor aún es legislar en esas circunstancias, en las que normalmente resulta imposible mantener la cabeza fría.

A día de hoy, las posturas del Gobierno de Estados Unidos, como comentábamos antes, se mantienen frías, y dentro del Partido Demócrata hay voces que defienden claramente la importancia del cifrado. Por no olvidar que hablamos de un país en el que las libertades civiles son sagradas, hasta el punto de que planear un sistema de censo y control como puede ser nuestro DNI es, para ellos, una seria amenaza a sus libertades y, por tanto, algo imposible de aplicar. Pero sólo hay que mirar un poco atrás para recordar como, a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se aprobó la polémica USA Patriot Act, sólo un mes y medio después de los ataques a la Torres Gemelas y al Pentágono.

¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, los extremistas islámicos volvieran a atacar en Estados Unidos? ¿Querría y podría el ejecutivo soportar la presión para legislar en contra del cifrado, aún cuando no hubiera pruebas de que éste se hubiera empleado de alguna manera por los asesinos? ¿Y si esto ocurre pasadas las elecciones de 2016 y con un inquilino un poco más beligerante en el 1.600 de Pennsylvania Avenue? Pues es bastante probable que poco después, quizá muy, muy poco después, productos y servicios que cuenten con sistemas de cifrado y que se produzcan y/o comercialicen en Estados Unidos, deban tener algún sistema para que las autoridades puedan acceder a sus contenidos.