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El sector hotelero usa la sentencia contra Uber para atacar a Airbnb

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Ayer, tras mucho tiempo de espera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia muy esperada, en la que se determina que Uber no puede ser considerada una mera plataforma de intermediación, sino que es una prestadora de un servicio de transporte, y que por lo tanto sus actividades se deben someter a la misma regulación que ya soportan otros servicios de transporte como, principalmente, el servicio de taxi. Esto, por lo tanto, impide el modelo de negocio UberPop, el primero con el que la empresa llegó a España, allá por 2014, y que poco tiempo después ya se vio obligada a dejar de prestar por la presión legal a la que se vio sometida. Es decir, que la sentencia del TJUE de ayer no afecta al tipo de servicios que ofrece actualmente la compañía en nuestro país, aunque sí que abre la puerta a bastantes cambios en el modelo que emplea para la relación tanto con clientes como con conductores, pues la justicia considera que Uber es la responsable del servicio, y por lo tanto se tendría que hacer cargo de obligaciones que, hasta ahora, delegaba en los conductores.

Y, como cabía esperar, la sentencia ha sido recibida con mucho optimismo no solo por los principales afectados, es decir, el gremio del taxi, sino también por profesionales y patronales de otros sectores que, en distintas actividades, también han visto amenazadas sus actividades por las plataformas de economía colaborativa, y como éstas pueden ser potencialmente empleadas para llevar a cabo competencia desleal contra aquellas. El caso más evidente de este tipo enfrentamientos (además de los del sector del transporte, claro está) es el relacionado con los alojamientos turísticos, y las denuncias por parte del sector de la hostelería contra Airbnb.

Hoy hemos sabido, por El Independiente, que la patronal hotelera CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) ha acogido esta sentencia con gran alegría, como se manifiesta en la nota de prensa que han publicado al respecto. Con el título “El sector hotelero aplaude la sentencia del TSJE (sic) sobre Uber”, la patronal alaba la decisión tomada por el TJUE tras una primera lectura de la misma (afirman que la estudiarán con más profundidad), e incide en que sus actividades no pueden ampararse en la libre prestación de servicios de la sociedad de la información. Algo que, inmediatamente después, relacionan con el papel que (en su opinión) juegan Airbnb y otros servicios similares.

En su publicación, la patronal afirma que estos servicios no pueden ampararse en dicho marco legal (el de la libre prestación de servicios) porque no son neutrales en las operaciones que se efectúan en la plataforma. Y para demostrar esa falta de neutralidad, exponen las siguientes razones:

  • Utiliza herramientas para generar confianza en el servicio y en los terceros mediante la descripción de casos reales y la publicación y clasificación de opiniones de usuarios.
  • Fijan o recomiendan al solicitante del servicio de alojamiento las tarifas-precios aplicables a las transacciones económicas
  • Ofrecen al tercero contratante garantías adicionales a las del propio solicitante del servicio de alojamiento de datos ( seguro, plataforma de pago segura, servicio de atención al cliente …)
  • Actúa como agente de cobros entre el solicitante del servicio de alojamiento y el tercero contratante siendo su ganancia el cobro de una comisión sobre el precio de transacción.

Tras esta enumeración, el comunicado prosigue afirmando que el propósito inicial de este tipo de servicios de economía colaborativa, es decir, las operaciones de bajo coste exclusivamente entre particulares, se han desvirtuado y, ahora, “han evolucionado hacía la captura por las mismas de negocios tradicionales o de nuevas formas de negocio que han crecido amparados por el ecosistema que proporcionan“. También afirman que el consumidor desconoce la realidad que subyace en este tipo de servicios (competencia desleal y engaño a los consumidores, que creen estar realizando una operación entre particulares cuando, en realidad, están contratando servicios a prestadores profesionales de los mismos).

Es indudable que, de un tiempo a esta parte, se ha orquestado una “industria” dedicada al alquiler turístico, que aprovecha las plataformas como Airbnb para llevar a cabo sus actividades sin someterse a la normativa legal. El verdadero problema en este caso es, sin duda, cuantificar el volumen de la misma dentro de la oferta global de viviendas disponibles en la plataforma. No obstante, cada vez parece más probable que las compañías deban llevar a cabo controles para prevenir este tipo de uso o, de lo contrario, es probable que la justicia termine por tomar decisiones similares a la dictada ayer con respecto a Uber. Autoregulación o regulación, en pocas palabras.

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