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Twitter abandona el Código europeo contra la desinformación

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Twitter UE

Twitter ha abandonado voluntariamente el Código de prácticas contra la desinformación de la Unión Europea, según ha confirmado el Comisario Europeo Thierry Breton. La compañía ya había dado pistas de que no tenía mucho interés en seguirlo desde principios de este año, cuando se convirtió en la única de las grandes tecnológicas que no envió un informe completo a la UE, como marca el código.

El informe remitido por Twitter no tenía todos los datos solicitados, y no incluía compromisos de su dirección para dar más poder a la comprobación de hechos. Así lo confirmaron desde la UE el pasado mes de febrero. Se da la circunstancia de que Twitter, con sus propietarios anteriores, estuvo de acuerdo en unirse al código, por lo que este cambio de planes viene sin duda de la mano de Elon Musk y su nueva dirección.

Breton ha recordado a Twitter que las obligaciones que tienen que cumplir siguen vigentes, y que «puede correr pero no puede esconderse«. Además de los compromisos voluntarios señalados por el código, que la red social ha decidido no cumplir retirándose de él, la lucha contra la desinformación se va a convertir en una obligación legal a partir del próximo 25 de agosto, cuando entre en vigor la Ley de servicios digitales (DSA).

Twitter cumple los requisitos para ser considerada «plataforma online de gran envergadura«, lo que llevará a que tengan la obligación de tomar medidas contra el contenido dañino, además de tener que enviar valoraciones anuales sobre riesgo a la Comisión Europea. Si no lo hacen, es probable que tengan que atenerse a las consecuencias, y Breton ha recordado que sus equipos «estarán listos para la aplicación» de las normas.

Pero la reducción masiva de puestos de trabajo en Twitter, que ha incluido el cierre de su oficina de Bruselas, ha despertado dudas sobre si será capaz de hacer los cambios necesarios para cumplir las normas de la UE. Si no lo hacen, y no cumple la DSA, la red social podría recibir una multa de hasta el 6% de sus ingresos anuales, o incluso ser prohibida en el territorio de la UE.

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